Pedido de investigación para Bendini y Defensa

Es por el faltante, en Fray Luis Beltrán, de armas que habrían llegado de Río Tercero. Incautaron documentos

Javier Felcaro / La Capital

Anna Gritti, la única querellante penal en la causa por la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero (Córdoba), les reclamó al jefe del Ejército, general Roberto Bendini, y al Ministerio de Defensa que investiguen la desaparición en el Batallón de Arsenales 603 de Fray Luis Beltrán de 5.680 cartuchos de propulsión para morteros, supuestamente enviados allí tras la explosión registrada a fines de 1995. En tanto, la Justicia federal de Rosario secuestró documentación presuntamente vinculada al caso.

Gritti, esposa de uno de los siete muertos en Río Tercero, no tiene dudas: la faltante de material denunciada desde el batallón y la Fábrica Militar de Fray Luis Beltrán es parte de un plan para eliminar pruebas que comprometerían al Ejército con la venta ilegal de armamento al exterior.

"Hacen aparecer material que, en realidad, no está. Dicen: «lo teníamos, pero ahora no». Aunque, ¿lo tuvieron alguna vez? Disminuyen la cantidad del faltante que detectó un peritaje contable, y que supera los 45 mil proyectiles", le aseguró a La Capital la abogada, para quien lo ocurrido cerca de Rosario es otro eslabón de una cadena sospechosa.

"Tenían que justificar el no envío de armas que ya habían cobrado", explicó Gritti, sustentando su teoría de que la explosión en Córdoba sirvió para ocultar el faltante de proyectiles comercializados en forma ilícita a Croacia y Ecuador, entre 1991 y 1995.

La primera maniobra fue advertida por la querellante hace dos meses, cuando el teniente coronel Gabriel Cordero, jefe de Río Tercero, planteó que en Serrezuela (donde se llevó material que se salvó del estallido) "hubo robos y existía armamento que no estaba en condiciones y que, según su opinión, debía ser destruido por ellos".

El 15 de septiembre pasado, el teniente coronel Jorge Guido (director de la fábrica de Fray Luis Beltrán) constató la desaparición de los cartuchos depositados en el batallón vecino, cuyo jefe, el teniente coronel Hugo Miola, descubrió también el faltante de otros elementos. Luego radicó una denuncia ante la Justicia federal de Rosario y notificó a su par de Río Cuarto, que instruyó la causa por la explosión.

En ese sentido, y por orden del juez federal Omar Digerónimo, en las últimas horas se incautaron documentos en las instalaciones ubicadas a 25 kilómetros de Rosario con la presunción de que puedan acreditar la existencia del armamento en cuestión.

Guido admitió públicamente que la fábrica que dirige recibió parte de material no siniestrado de Río Tercero: "Se encontraba en un polvorín perfectamente custodiado, y ahora no está".

"Es un escándalo mayúsculo. ¿Qué podemos esperar del Ejército si en un lugar perfectamente custodiado se pierden todos esos cartuchos? Esto no se puede agotar en un sumario administrativo interno", replicó Gritti.

Para la abogada, tanto Bendini como Defensa "deben iniciar las investigaciones pertinentes", además de "apartar del cargo a quienes estaban en la fábrica y el batallón" santafesinos. Y ya alertó al respecto al Tribunal Federal Oral Nº 2 de Córdoba.

También cargó contra el ex jefe del Ejército y designado embajador en Colombia, Martín Balza: "Por acción u omisión, es absolutamente responsable. Si no lo sabía, peor todavía. Demuestra la ineptitud con la que condujo la fuerza".

Gritti destacó que los hechos demuestran que "se mantiene una red de personas que, en su momento, por lo menos estuvieron al tanto del tráfico y del retiro de material de distintas unidades" del Ejército.

Por eso habló de "un engranaje perfectamente aceitado que permitió transportar más de 6.000 toneladas de armamento a través del país, que luego zarparon en barcos desde la Capital Federal, sin que nadie se diera cuenta".

"Estos múltiples actores siguen operando frente a la posibilidad de que la causa cambie a raíz de un peritaje que, como lo considero, determinará pronto que no se trató de un accidente sino de algo preparado por expertos", avanzó.

Según la abogada, frente a este giro ahora tratan de mejorar la situación de los imputados y la de quienes eventualmente podrían llegar a estarlo, teniendo en cuenta, además, el juicio oral programado para el 2004.

Tras considerar "una buena señal que tardó ocho años en llegar" la decisión del gobierno de reabrir archivos secretos de la Side, la querellante admitió que, pese a seguir esperando ese dictamen clave, "de lo que dicen los peritos y de lo que vieron mis abogados, la prensa y el Tribunal luego de las más de 30 pruebas realizadas, está absolutamente claro que la teoría del accidente tiene que ser desterrada".

La querellante denuncia plan para borrar pruebas.