El gobierno impulsa una ley para investigar el patrimonio de los policías

Para saber de dónde viene la plata

Un proyecto faculta a indagar sobre bienes y evolución de cuentas bancarias a fin de evitar el enriquecimiento ilícito

Marcelo Carné / La Capital

Santa Fe.- El gobierno santafesino impulsa una reforma legislativa que apunta a dotar de mayores facultades a la Dirección de Asuntos Internos a fin de investigar los casos de enriquecimiento ilícito de policías de la provincia. Esa dependencia, si prospera la enmienda, contará con amplias facultades para requerir informes a los registros públicos respecto de bienes inmuebles, muebles registrables, comercios, marcas, señales de ganado y actividades civiles lucrativas en general de las que sean titulares el funcionario policial y su grupo familiar conviviente. Para evitar el viejo y tan vigente truco de los testaferros, podrán ser investigados los parientes consanguíneos hasta el cuarto grado y los afines -amigos o parientes políticos- hasta el segundo grado.

La iniciativa fue entregada ayer a los senadores por el ministro de Gobierno Carlos Carranza, quien concurrió a la Cámara alta para brindar un informe a los legisladores sobre las políticas de seguridad instrumentadas por la Casa Gris.

El proyecto se denomina "ley de procedimiento para la investigación del enriquecimiento ilícito del personal policial". El texto legal concede "amplias facultades" a Asuntos Internos para pesquisar de oficio o por denuncia el patrimonio de policías "en el ejercicio de sus funciones y hasta transcurridos seis años desde su renuncia o pase a situación de retiro". Dicha intervención sólo queda exceptuada ante el requerimiento instruido por un fiscal.

También podrá recabar informes de la evolución de cuentas bancarias, operaciones con tarjetas de crédito, compraventa de títulos y acciones y cajas de seguridad registradas. Y, en caso de ser necesario, obtener información sobre cuestiones protegidas por el secreto fiscal, tributario, bursátil o bancarios.

La información sumaria recabada por Asuntos Internos deberá ser completada en un plazo de 60 días hábiles. Las conclusiones tienen que demostrar si hay elementos para el requerimiento de justificación del aumento patrimonial. Y en tal caso, en los diez días hábiles siguientes se citará al funcionario policial investigado para que justifique la procedencia de su patrimonio o de la persona interpuesta, quien por su parte contará con un plazo de 90 días para ejercer su descargo.

Luego de efectuado tal descargo, Asuntos Internos deberá elevar el escrito al juez penal de turno "informando sobre la justificación del enriquecimiento patrimonial" y comunicando también a la Jefatura de Policía de la provincia a los fines administrativos pertinentes. En rigor el proyecto de ley elaborado por el Ministerio de Gobierno para investigar supuestos casos de enriquecimiento ilícito en el ámbito policial reconoce como antecedente, entre otros casos jurisprudenciales, un fallo de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en el Penal de Rosario, dictado en agosto de 2000. La resolución remite el requerimiento de justificación del enriquecimiento patrimonial de los funcionarios públicos a la propia policía y no a la Justicia.

En los casos de enriquecimiento ilícito -artículo 268 del Código Penal- se invierte la carga de la prueba: eso en la práctica significa que el funcionario, si se lo exigen, debe justificar acreditadamente la correcta procedencia del apreciable enriquecimiento de su patrimonio.

El ministro Casrlos Carranza expuso el proyecto.