Amia: entidades judías respaldan una propuesta de Bielsa

Podrían juzgar a iraníes en un tercer país

Los autoridades de la Asociación de Mutuales Israelitas Argentinas (Amia), Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (Daia), Memoria Activa, y Familiares y Amigos de las Víctimas del Atentado a la Amia le otorgaron un aval al gobierno de Néstor Kirchner para que avance en las negociaciones que permitan llevar a juicio, en un tercer país, a los diplomáticos iraníes por el ataque terrorista de 1994.

Las entidades de la colectividad recibieron copia de dos documentos en los que se analizan las alternativas para la conformación de un tribunal internacional especialmente creado para el caso, con supervisión de la ONU, durante un encuentro al que en lugar del canciller Rafael Bielsa asistieron los asesores Carlos Garver y Gustavo Gené.

El aval no fue unánime ya que la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la Amia (Apemia) -una escisión de Memoria Activa, liderada por Laura Ginsberg- pidió retrasar su pronunciamiento hasta que analice la propuesta de Bielsa.

La posición de Apemia no conformó al titular del Palacio San Martín, quien en el transcurso de la tarde le hizo a saber a las entidades que "el gobierno insiste en pedir la unanimidad del apoyo" de la comunidad judía para avanzar en la propuesta.

Anticipando el reclamo oficial, las cuatro entidades que ayer se expidieron favorablemente plantearon en la Cancillería la posibilidad de que no sea atendida la unanimidad de los pronunciamientos.

Abraham Kahul, presidente de la Amia, reiteró que su asociación "apoya la gestión de la Cancillería sin trabas o dificultad a la negociación" y respaldando "las conversaciones con Irán para buscar los distintos escenarios".

Al abordar el planteo de la unanimidad que reclama el gobierno, Kahul consideró "necesario" modificar el criterio que sostiene la Cancillería "por el de mayoría".

Aclaró que "la prioridad uno es que las partes interesadas se sienten a hablar sin que se piense en un tema político sino judicial, lo que implica una serie de mecanismos que deberá desplegar la Cancillería".