Fray Luis Beltrán en el centro de la polémica

La desaparición de armamento llegó a Defensa y al Congreso

Piden información sobre el faltante de material bélico proveniente de Río Tercero

Javier Felcaro / La Capital

El Ministerio de Defensa y el Congreso de la Nación se hicieron eco ayer de la denuncia judicial por parte de autoridades castrenses sobre la reciente desaparición de 5.680 cartuchos de propulsión para morteros de 81 milímetros en el Batallón de Arsenales 603, ubicado en Fray Luis Beltrán. El faltante incluye material bélico procedente de la Fábrica Militar de Río Tercero (Córdoba), cuya explosión, registrada el 3 de noviembre de 1995, sigue alimentando las sospechas en torno a la venta ilegal de armas al exterior.

La denuncia que el teniente coronel Jorge Guido, director de la Fábrica Militar de Fray Luis Beltrán, realizó ante el juez federal Omar Digerónimo se encuentra en poder de la procuradora fiscal Nº3 de Rosario, Adriana Saccone.

El 15 de septiembre pasado, Guido constató la ausencia de los cartuchos que estaban depositados en el vecino batallón, cuyo jefe, el teniente coronel Hugo Miola, descubrió la desaparición de otros materiales.

El director de la fábrica ubicada a 25 kilómetros de Rosario también notificó a Luis Martínez, juez federal de Río Cuarto, quien investigó la voladura de la planta cordobesa. Al mismo tiempo, los militares pusieron en marcha un sumario interno.

Pero la denuncia también llegó al Tribunal Oral Federal Nº 2 de Córdoba, que el año próximo tendrá a su cargo el proceso oral y público por el estallido de la fábrica de Río Tercero, que mató a siete personas.

Guido admitió el martes que, después de lo ocurrido en el 95, la fábrica (que dirige desde fines del 2000) "recibió parte de material no siniestrado de Río Tercero". Y agregó: "Se encontraba en un polvorín perfectamente custodiado, y ahora no está. El por qué lo deberá determinar la Justicia".

Desde Defensa le indicaron a La Capital que, "por el momento, el tema pasa pura y exclusivamente por el Ejército", ya que "ellos (los jefes de la fábrica y el batallón) hicieron la denuncia correspondiente y ahora deberá actuar la Justicia".


Bajo la lupa
En tanto, el diputado nacional Carlos Iparraguirre (UCR-Santa Fe) presentó un proyecto de resolución en la Cámara baja. Solicitó, entre otras iniciativas, informes al Ejecutivo sobre la desaparición de los cartuchos.

El legislador reclamó detalles sobre "las condiciones y disposiciones judiciales y/o administrativas en virtud del cual el material se encontraba depositado en el Batallón de Arsenales 603".

Además, pidió incluir las "características y medidas de seguridad del depósito", y si se dispuso de "un inventario e información sobre la actual localización de otro material no destruido" en Río Tercero.

"Se debe precisar si la munición desaparecida estaba en condiciones de ser utilizada y si, por ello, existieron medidas adicionales para su custodia", planteó Iparraguirre, quien también quiere saber si "el Ejército y/o Defensa iniciaron una investigación administrativa".

Pero el santafesino dejó abierto un último interrogante: "Si este nuevo hecho se suma a los recurrentes hallazgos de armamento de guerra de origen argentino en países vecinos".

Aludió, de este modo, a lo ocurrido en Brasil en noviembre de 2002, cuando el Estado de Río de Janeiro le reclamó a la Argentina que investigue el origen de una gran cantidad de fusiles, ametralladoras y granadas elaboradas en Fabricaciones Militares (FM), que estaban en poder de delincuentes cariocas.

Ana Gritti, esposa de uno de los muertos en Río Tercero y única querellante en la causa, profundizó su hipótesis de que lo ocurrido cerca de Rosario es parte de un plan de eliminación de pruebas comprometedoras.

"Tratan de hacer aparecer proyectiles provenientes de Córdoba en otros puntos del país, pero es posible que nunca lleguen a destino. Después dicen que se los robaron, que los destruyeron o que desaparecieron de alguna manera", concluyó.

Crecen las dudas sobre lo ocurrido en la fábrica.