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 jueves, 16 de octubre de 2003

Las cámaras del sector reclamaron una urgente recomposición tarifaria
Empresas de electricidad dicen que el sistema está en situación límite
Generadores, transportistas y distribuidores advirtieron sobre el fuerte crecimiento de la demanda y el consumo

Las cámaras representativas de las empresas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica insistieron ayer con sus reclamos por cambios en el cuadro tarifario, por entender que el sector "se aproxima a una situación límite" si no encaran soluciones para "asegurar la sustentabilidad y expansión del sistema".

El reclamo fue formulado en una declaración conjunta de las asociaciones de generadores, transportistas y distribuidores de energía eléctrica (Ageera, Ateera y Adeera, respectivamente), dada a conocer en simultaneidad con una reunión de un conjunto de senadores con el ministro de Planificación, Julio De Vido, quienes coincidieron en aplicar una tarifa social para los servicios públicos.

"El régimen de tarifa social es una mejora directa para los sectores más vulnerables de la sociedad, ya que en los niveles actuales de tarifa las familias indigentes no están en condiciones de acceder a los servicios básicos o, en muchos casos, cuando los tienen no pueden pagarlos", señalaron los legisladores en un comunicado.

De Vido se entrevistó con los senadores Gerardo Morales, Mabel Caparrós, Graciela Bar, Nélida Martín, Jorge Montoya, Luz María Sapag y Nicolás Fernández, integrantes de la comisión de Asuntos Administrativos y Municipales de la cámara alta, quienes concurrieron a la cartera económica junto con la autora del proyecto referente a la aplicación de la tarifa social, la senadora Sonia Escudero.

De Vido y los legisladores coincidieron en aclarar que el establecimiento de una tarifa social para las familias de menores recursos no implica un aval al aumento del precio de los servicios públicos para el resto de los consumidores.

De acuerdo con un comunicado emitido por los participantes del encuentro, las partes coincidieron en que "el régimen de tarifa social es una mejora directa para los sectores más vulnerables de la sociedad, ya que en los niveles actuales de tarifa las familias indigentes no están en condiciones de acceder a los servicios básicos o, en muchos casos, cuando los tienen no pueden pagarlos".


Advertencia empresaria
La tarifa social también fue contemplada por las asociaciones empresarias, que admitieron que la actualización tarifaria podría realizarse respetando "la grave situación económica de la población de menores ingresos".

No obstante, y en lo que se interpreta como un mensaje a los grandes consumidores, reclamaron soluciones "técnicamente realistas para evitar la ocurrencia de hechos que alteren el normal abastecimiento de la demanda de energía eléctrica, como consecuencia del elevado crecimiento que está mostrando en los últimos meses", con alzas del 7% en agosto y 11% en setiembre.

Las tres asociaciones señalaron que "desde hace varios años" vienen "peticionando sin éxito ante las autoridades competentes las decisiones necesarias para profundizar los logros alcanzados y asegurar la sustentabilidad del sector".

"Esta situación se agravó sensiblemente a partir de las decisiones macroeconómicas y regulatorias que fueron adoptadas a partir de enero 2002, afectando la situación financiera y patrimonial de las empresas", en alusión a la devaluación y pesificación.

Es por ello, consideran que "hoy el sistema eléctrico se aproxima, en muchos aspectos técnicos, a una situación límite".

"La industria eléctrica en su totalidad -empresas estatales, privadas y cooperativas- temen con fundamento que se llegue a un estado de crisis y por eso entienden que deben adoptarse medidas urgentes", añadieron.

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De Vido recibió a un grupo de senadores.

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