Polémica tras la masiva fuga de la seccional 24ª

El ministro Carranza dijo que se crearon 600 nuevas plazas en cárceles. La CTC critica la ampliación de los penales

Tras el cierre del penal de la comisaría 24ª de Granadero Baigorria a raíz de la fuga protagonizada por 19 internos la tarde del lunes, una verdadera polémica se ha instalado entre el ministerio de Gobierno provincial y la Coordinadora de Trabajo Carcelario en torno a los lugares donde se aloja a los detenidos. Mientras el ministro Carlos Carranza recordó que durante su gestión se crearon 600 nuevas plazas en el sistema, la especialista Carmen Maidagán sostuvo que agrandar cárceles es ir contra todas las normativas internacionales.

A propósito de la segunda fuga masiva ocurrida en el mismo penal en poco más de dos meses, Carranza señaló que la creación permanente de nuevas plazas en las cárceles de la provincia es un mecanismo para descomprimir los penales policiales y señaló que la semana próxima se hará el acto de inauguración de las obras de la cárcel de Piñero.

El titular de la cartera política se reunió ayer con los jueces de Instrucción penal de Rosario para poner en marcha las reformas al Código Procesal Penal sancionadas el jueves por la Cámara de Diputados, lo que permitiría acelerar los procesos judiciales y así generar una mayor disponibilidad de plazas. Las declaraciones de Carranza fueron formuladas a propósito de la fuga que protagonizaron 19 presos a través de un hueco de la seccional 24ª, la misma que en el mes de junio fue escenario de la mayor fuga en penales de a provincia con la evasión de 22 internos. El penal había sido clausurado tras la evasión del lunes y ayer fue cerrado definitivamente por Pogliese. En tanto, los 10 detenidos que no participaron del escape fueron derivados a la cárcel de Coronda.

"Este es un típico caso de negligencia policial derivado del no cumplimiento por parte del personal de las órdenes emanadas desde este ministerio y de la jefatura de policía de provincia", evaluó Carranza. El funcionario sostuvo que de aquí al fin de su gestión prevé inaugurar otras 250 plazas carcelarias que se sumen a 600 ya creadas en las cárceles de Coronda y Las Flores y en el penal policial de la Jefatura de policía local. Asimismo, dijo que dentro de ese plan está previsto comenzar la semana que viene con la construcción de un módulo para 320 personas en Piñero.


Por cárceles más chicas
"Agrandar las cárceles es ir en contra de todas las disposiciones a nivel internacional, donde se plantea crear cárceles chicas, de no más de 600 personas, para tener un mayor conocimiento de los internos y una población más controlable. Si teóricamente la misión de la cárcel es lograr la reinserción, eso no se logra en cárceles de 1.600 personas", cuestionó Carmen Maidagán, abogada y especialista en temas penitenciarios de la Coordinadora de Trabajo Carcelario en referencia al penal de Coronda.

La analista indicó además que la mayor parte de los detenidos en la provincia son personas procesadas. Por esto propuso que, "sin afectar a la seguridad del proceso, se tomen medidas para hacer al proceso penal más expedito y salir de este sistema inquisitivo". En ese sentido, mencionó que "existen mecanismos alternativos para evitar una población carcelaria tan grande, como la probation, que puede aplicarse a personas con delitos leves". Otro dispositivo que permitiría disminuir el número de detenidos sería el cumplimiento de las normas de ejecución de la pena, que dispone salidas progresivas para que el momento en que los internos recuperan la libertad no se produzca sin una instancia de transición.