Quieren enjuiciar al Estado por la quiebra de una empresa aseguradora

Indemnización récord por la muerte de un bebé en un accidente rutero

El siniestro ocurrió en una ruta neuquina en 1998. Condenaron a los responsables a pagar un millón de pesos

Un juez condenó a una mujer y a su compañía aseguradora a pagar una indemnización récord de un millón de pesos a los padres de un bebé de nueve meses muerto en un accidente automovilístico ocurrido en Neuquén en 1998, según precisaron ayer fuentes judiciales. Los abogados de los padres del pequeño adelantaron que iniciarán juicio a la Superintendencia de Seguros de la Nación, debido a que la compañía de seguros condenada quebró y la mujer responsable del hecho no puede hacer frente al monto indemnizatorio.

El accidente ocurrió el 17 de octubre de 1998 sobre la ruta 237, que une las ciudades de Bariloche y Neuquén, cuando el coche que conducía María Alejandra Silva embistió al vehículo del matrimonio de Marcelo Villasanin y Karina Wiñasky, que viajaban con su hijo Guido, de nueve meses. Silva se dirigía a Neuquén y, en un momento dado, perdió el control del automóvil, se cruzó de carril y chocó al automóvil guiado por Villasanin, que se trasladaba a la ciudad de Bariloche.

El bebé, que estaba siendo amamantado por su madre en el asiento trasero, salió despedido del automóvil y murió inmediatamente. En la causa se comprobó que Silva conducía "en forma negligente y con un importante exceso de velocidad", explicó Gregorio Dalbón, abogado de la familia del niño.


Condena
El 2 de octubre, el juez civil Juan Carlos Smith condenó a Silva y a su compañía aseguradora, Visión S.A., actualmente en estado de liquidación, a pagar una indemnización de 1.029.321 pesos por el daño moral causado por el accidente.

Según Dalbón, se trata de una indemnización récord. "Nunca antes la vida de un bebé había valido tanto para la Justicia argentina", apuntó.

El último caso había sido a fines de 2002, cuando un fallo judicial ordenó un resarcimiento de 700 mil pesos por un accidente de similares características. Como la empresa de seguros no existe más, la familia de la víctima entablará una demanda contra la Superintendencia de Seguros de la Nación, que depende del Ministerio de Economía.

La familia acusa a los funcionarios de la Superintendencia de no cumplir con sus deberes y de ser "cómplices por permitir los fraudes de las empresas que se liquidan de la noche a la mañana", sostuvo Dalbón.

"Las quiebras no ocurren de un día para el otro. En la Superintendencia debieron prever que en los tres meses que pasa de un control a otro podía suceder algo", sostuvo Dalbón.

Fuentes de la Superintendencia de Seguros dijeron, no obstante, que suele ocurrir que en una inspección los resultados permitan a una compañía seguir funcionando y que en la siguiente se descubra que no operó como correspondía.

Los voceros consultados deslindaron responsabilidades del organismo en esos casos. "Lo que ocurrió es lamentable, pero no es frecuente que se responsabilice al Estado", evaluaron.

En la Superintendencia explicaron que lo que correspondería es que la mujer condenada se presente a una "verificación de créditos", que se demuestre que la aseguradora le debe dinero y pueda cobrarlo mediante la subasta de bienes de la firma.

"Nosotros creemos que se está poniendo de moda, desde hace unos seis años, una pseudo estafa entre particulares y compañías aseguradoras. Muchas se han liquidado y quedan numerosas familias sin indemnizar", consideró el abogado. (Télam)