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 lunes, 13 de octubre de 2003

Encaran estrategias contra los juicios de bonistas y empresas en el exterior
El gobierno asegura que no serán embargados los bienes del Estado
El jefe de Gabinete dijo que el avión presidencial, las embajadas y los sueldos de sus funcionarios están a salvo

El gobierno afila sus estrategias para afrontar los juicios de ahorristas y empresas extranjeras con tenencias en la Argentina y confía en que podrá evitar embargos. El camino a seguir transita por dos niveles: uno político, a partir de las negociaciones que pilotearán el ministro de Economía, Roberto Lavagna y el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen y el otro jurídico, a través de la defensa en los juzgados internacionales, que pilotea el procurador del Tesoro de la Nación, el santafesino Horacio Rosatti.

El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, señaló ayer que los bienes y servicios argentinos de carácter público en el exterior "no podrán ser embargados" por los acreedores externos.

"Prácticamente las leyes de todo el mundo prohíben embargar bienes de otros Estados destinados al servicio público", aseguró el funcionario frente a la posibilidad de que se concreten las amenazas lanzadas por acreedores extranjeros de la deuda en cesación de pagos tras las presentaciones realizadas en juzgados de Estados Unidos o Europa.

Fernández aclaró: "Esto quiere decir: todos los bienes que tiene Argentina que estén destinados a la función esencial del Estado no pueden ser embargados. Por ende, no puede ser embargado el avión, la (sede de ninguna) embajada, el sueldo a los que trabajan en embajadas", dijo.

"Prácticamente -sostuvo-, las leyes de todo el mundo respetan los bienes de demás estados que sirven al servicio público. Distinto es el caso de las empresas del Estado que tengan fines comerciales", agregó el funcionario.

Al respecto, explicó que "si la Argentina tuviera una aerolínea comercial, por ejemplo, esos aviones podrían ser embargados".

"La gente piensa que si el presidente (Néstor Kirchner) viaja se van a quedar con el avión y siente la verguenza que cualquier persona sentiría si le pasa una situación similar", aseveró. De esa manera, Fernández se refirió a las recurrentes versiones periodísticas -rechazadas por el gobierno- que indicaron en los últimos días que Kirchner suspendió el viaje que tenía previsto realizar la semana pasada a Alemania, Italia y Suiza por temor a que le fuera embargado por tribunales europeos el avión presidencial Tango 01 a raíz de las demandas presentadas por acreedores de títulos argentinos en default.

La posibilidad de que los acreedores puedan embargar los bienes públicos en el exterior cobró fuerza la semana pasada, a partir de la difusión de una cláusula firmada en algunos títulos públicos emitidos durante la década del 90, en las que el Estado nacional habría renunciado a la inmunidad sobre sus bienes por incumplimientos.

El proceso de renegociación de los títulos en situación de default, oficializada por el ministro de Economía, Roberto Lavagna, durante la asamblea del FMI y el BM en Dubai, prevé una quita del 75 por ciento del valor nominal de una deuda estimada en algo más de 94.000 millones de dólares. Esta propuesta generó airadas protestas de los damnificados, quienes amenazan con juicios que desembocarían en el embargo y la ejecución de bienes.


Fallos en contra
El juez del Distrito Sur de Nueva York Thomas Griesa ya dictó cuatro fallos contra la Argentina en favor de pagarle 708 millones de dólares al magnate Kenneth Dart por el default de una serie de bonos que vence en el año 2008, aunque suspendió la instrumentación del resarcimiento hasta el próximo 31 de octubre.

Si el magistrado no acepta otorgar una nueva prórroga cuando venza la suspensión de términos para ejecutar la sentencia, el gobierno argentino teme que Dart intente trabar embargos contra bienes argentinos no sólo dentro de Estados Unidos sino también en otros países.

La Argentina enfrenta más de 60 demandas de bonistas en Alemania; una docena en Estados Unidos, y otro tanto en Italia, en todos los casos por cifras que suman cientos de millones de dólares.

Aunque la propuesta argentina fue rechazada, en un principio, por la mayoría de los acreedores internacionales, el gobierno nacional confía en que los representantes de los bonistas estarán en la mesa de negociaciones.

El viernes pasado, el gobierno convocó a 15 bancos a presentar sus propuestas para coordinar la restructuración de la deuda en cesación de pagos.

Estas entidades tendrán hasta el 31 de octubre para presentar sus propuestas para llevar adelante este proceso como bancos organizadores regionales.

Para mediados de noviembre, la Secretaría de Finanzas, que dirige Guillermo Nielsen, estima elegir de estos 15 bancos a no menos de siete, que en principio se repartirían dos en los Estados Unidos, otras dos en Europa, una para Japón y el Sudeste Asiático, y dos más para el mercado local.

Las entidades que resulten seleccionadas coordinarán a grupos de entre ocho u 12 bancos que se repartirán en cada una de las regiones para llevar adelante la restructuración de la deuda.

Mientras tanto, Nielsen viajará a Europa y Estados Unidos la semana próxima para intentar convencer a los representantes de los bonistas sobre la conveniencia de aceptar la oferta argentina, una tarea nada sencilla.


Las demandas de empresas
La estrategia de defensa frente a las empresas y la responsabilidad de monitorear los juicios que los tenedores de bonos llevan adelante contra la Argentina está a cargo del procurador del Tesoro, Horacio Rosatti.

El 17 de noviembre vence el plazo que tiene la Argentina para contestar la demanda presentada por la empresa estadounidense CMS Gas Transmission ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), aunque el laudo arbitral recién se conocerá a mediados de 2004. Ante ese organismo del Banco Mundial ya fueron registrados litigios de más de 60 empresas.

En este caso la estrategia oficial pasará por alargar los plazos de las definiciones y por tratar de demostrar que las empresas no sufrieron daños a partir de la devaluación y el congelamiento de tarifas.

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Habían circulado versiones sobre los embargos.

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