La fiscal quiere que se investigue la conducta de toda la familia Adorna

Pide que no declaren como testigos porque no puede descartar que haya más de un responsable de lo ocurrido

Hernán Lascano y Osvaldo Aguirre / La Capital

La fiscal que interviene en la investigación del doble crimen de Funes pidió que los restantes habitantes de la casa donde hace ocho días se produjo el drama no comparezcan como testigos de lo ocurrido sino que se les tome declaración informativa.

Esta medida tiene mucha significación y varias pautas de lectura. La primera es que la funcionaria judicial no da por definitiva la hipótesis de que haya un sólo responsable en la muerte de Alberto Adorna, de 50 años, y de su hijo Germán, de 16. Esa hipótesis se desprende del sumario policial, que se hizo sin que ningún funcionario de Tribunales hubiera acudido nunca al chalé de Funes.

No es que la fiscal Alicia Donni de Donatti sostenga que la investigación policial estuvo mal. Lo que sí manifiesta es que, como en cualquier pesquisa razonable, para imponer una hipótesis -en este caso que Tulio Adorna es el único que abrió fuego contra cuatro de sus familiares- hay que descartar todas las otras posibles.

Tal cosa parece cobrar más sentido luego de la declaración que Tulio, de 17 años, prestó anteayer ante el juez Juan Leandro Artigas. "Me enteré de que me acusan cuando leí el diario en la Jefatura", sostuvo el chico. Ese enunciado no implica una confesión de autoría. Y a la vez hay otro detalle fuerte: en el expediente nadie admite haber visto a Tulio provocando las muertes de Alberto y Germán Adorna.

La fiscal, por consiguiente, quiere evitar que las otras cuatro personas que viven en la casa declaren como testigos. Ellos son Alicia Travagliante, la esposa de Adorna, de 49 años, que recibió una herida leve de bala; Catalina Dártoli, madre de Adorna, de 80, baleada en el cuello; Nadia, de 19 años, quien declaró que su hermano la golpeó en la cabeza y el hombro. Y finalmente Leandro, de 17, quien estaba en un cibercafé según el acta policial.

Si la fiscal no quiere que todos ellos declaren como testigos es porque considera tácticamente incorrecto que alguien de la casa vaya a declarar bajo juramento, como hacen los testigos, ya que si más tarde aparecen elementos que los compliquen podrían quedar autoincriminados o ser acusados de falso testimonio. A esta altura de la investigación la fiscal, que es la acusadora pública del Estado, no puede descartar nada. La declaración informativa, pedida por la fiscal, no significa que sobre los habitantes de la casa de Funes pesen sospechas. Pero no da por definitivo que hayan sido meros testigos y por eso aspira a que, a la manera de los imputados, no presten juramento cuando vayan a hablar.

El sumario policial adosado al expediente separó a los protagonistas del suceso en imputados -Tulio- y testigos -todo el resto- sin que el juez ni la fiscal siquiera hubieran ido al lugar. Pero nadie vio a Tulio disparar a los fallecidos, él no lo admite y lo único que hay respecto de estas personas como víctimas del adolescente detenido es el propio testimonio de ellas.

La fiscalía no puede, en tal sentido, dar por probado nada sin exprimir las variantes de la pesquisa. Un ejemplo como muestra: Nadia afirma, según consta en el expediente, que levantó la pistola Bersa 22 con silenciador del piso -que según asegura se le cayó a Tulio cuando intentó golpearla- porque temía que su hermano siguiera disparando. Lo concreto es que eso debió dejar sus huellas en el arma. Al peritarse un arma que hizo disparos se despliegan sospechas hacia todos los que dejen sus marcas allí. La chica explica por qué posó sus dedos en la pistola, pero técnicamente es sólo una explicación que resulta defensiva para ella. Lo que no quiere decir que sea falsa. La fiscal, como acusadora pública, pide la declaración informativa porque debe confirmar si eso fue así o si tocó el arma por otro motivo.

La falta de intervención judicial cuando se acopiaban las pruebas e indicios de lo ocurrido es grave por una cuestión política: Alberto Adorna, dueño de casa, fue señalado públicamente en numerosas ocasiones a este diario -la mayoría por empleados policiales- como un contribuyente regular de la recaudación ilegal institucional de la Unidad Regional II en su condición de capitalista de juego clandestino. Vivía a 20 metros y era amigo de Francisco Previtera, ex jefe de la policía de Rosario, destituido por el escándalo de las cajas negras en abril de 2001. Pese a esa conexidad, que además fue públicamente señalada, la policía hizo en casa de Adorna una pesquisa autónoma sin verificación judicial. Esto no equivale a decir que los policías que trabajaron en lo de Adorna no hicieron un trabajo idóneo ni que tengan que ver con aquello. Sólo implica decir que trabajaron, en un contexto tan significativo- sin el contralor legal previsto.

La familia Adorna, retratada hace un par de meses.