Análisis político

Las causas de la buena memoria

Mauricio Maronna / La Capital

Casi al mismo tiempo en que los partidos políticos santafesinos lamen sus heridas o diseñan estrategias de poder a mediano plazo, los vientos a favor de la revisión de las tropelías cometidas por la última dictadura militar que nacieron desde el poder central llegaron a Rosario.

Una instrucción del procurador general de la Nación, Nicolás Becerra, sirvió para que el capítulo local de la represión ilegal (que desde hace años dormía un sueño que parecía injusto) sea reabierto y comiencen a desmadejarse expedientes y causas que volverán a poner en el centro de la escena a personajes emblemáticos de los años de plomo.

Mientras esperan el fallo final de la Corte sobre la nulidad de las leyes del perdón, altas fuentes judiciales confiaron a La Capital que los procesos en ciernes llevarán más de un año en su faz instructoria hasta que un tribunal oral dicte las sentencias. En conjunto, pasarán dos años hasta que el abanico de causas sea cosa juzgada.

"Esto es sumamente complejo y muy poco entendido: en muchísimos casos las únicas pruebas son las testimoniales. Palabra contra palabra, denuncia contra negación de la acusación... Habrá que trabajar mucho en el cruce de testimonios", confió un hombre clave de la Justicia federal, azorado por las 12.000 fojas que esperan ser leídas en lo inmediato, y que recordó la destrucción de material fílmico y otros archivos. Ahora se explica con mayor claridad los porqués del robo de documentos en Tribunales cuando amanecía la democracia.

Ante la casi absoluta carencia de infraestructura que agilice el trámite (el propio magistrado Omar Digerónimo blanqueó que su juzgado tiene nada más que dos computadoras), la fiscalía a cargo de Francisco Sosa solicitará la colaboración de su par de la capital provincial, Griselda Tessio. Incluso se piensa en contratar personal que colabore en las decenas de casos que sobrevendrán.

"Nosotros sabemos que el tema ahora explotó en los medios por la sequedad informativa poselectoral pero que dentro de pocas semanas saldrá de la agenda. Aun a pesar de eso, algo es seguro: cualquier abuso del derecho será castigado, pero que nadie espere espectacularidad o resoluciones que se aparten del estricto margen que nos imponen las pruebas", describe la calificada fuente.

Anticipar cuál será el resultado final del proceso cuando ni siquiera comenzó la citación de testigos es un ejercicio periodístico tan irresponsable como criticar un filme por la primera secuencia. Sin embargo, algunos podrían ir probando talla para el "traje a rayas" que pidió el presidente Néstor Kirchner el día de su asunción.

Ramón Genaro Díaz Bessone, Juan Carlos Trimarco y Luciano Jáuregui serán la punta de la pirámide en materia de responsabilidades. En cercanías de Digerónimo se tomó debida nota de la confesión de parte que Díaz Bessone hizo ante la periodista francesa Marie-Monique Robin mientras se grababa un documental.

"Cómo puede sacar usted información a un detenido si no lo aprieta, si no lo tortura? Lo de los 30 mil desaparecidos es propaganda. La verdad es que no llegan a siete mil. ¿Usted cree que hubiéramos podido fusilar a 7.000? Al fusilar tres nomás, mire el lío que el Papa le armó a Francisco Franco. Se nos viene el mundo encima. Usted no puede fusilar 7.000 personas. ¿Y si los metíamos en la cárcel, qué? Ya pasó acá. Venía un gobierno constitucional y los ponía en libertad". Las palabras del ex jefe de Planeamiento de Jorge Videla y ex comandante del II Cuerpo de Ejército adjetivan por sí solas el estado de las cosas. La necesidad de hacer justicia frente a semejante apología contradice a ciertos sectores ultramontanos que le piden al gobierno "que entierre el pasado".

La presentación, el último jueves, de la causa por la desaparición de Daniel Gorosito se convierte en la llave para que el fiscal y el juez se encuentren con el voluminoso expediente Feced. Allí aparece en toda su dimensión, como lo anticipó en exclusiva La Capital hace más de dos años, la brutalidad de la represión ilegal en los dominios del Servicio de Informaciones de la ex Jefatura de Policía.

El estilo K, con amplísimas franjas de la población apoyándolo, permite que no solamente la clase política se blanquee tras los estallidos del 2001, sino que dota de nuevos bríos a otros estamentos institucionales que parecían estar acurrucados como murciélagos en invierno. Ayer, diversos organismos enviaron una carta documento al presidente Kirchner solicitándole que se evite la salida del país a las personas involucradas en delitos de lesa humanidad en el ámbito del II Cuerpo de Ejército. También piden la habilitación de una línea 0-800 para que se presenten denuncias sobre presuntos represores.

¿O acaso es una mera coincidencia que Gustavo Beliz, el otrora golden boy preferido de Carlos Menem, denuncie que durante los 90 el país vivió bajo una "narcodemocracia"? Los ejemplos podrían multiplicarse hasta el infinito pero convertirían la lectura de esta columna en un ejercicio más tedioso que seguir preguntándoles a los operadores de Kirchner si Hermes Binner tiene como destino el Ministerio de Salud, el Pami o la Ansés.

En contraste con el novedoso presente judicial, la política santafesina muestra hasta el hartazgo la reiteración de las conductas suicidas del radicalismo, que no solamente perdió la calma, sino que amenaza con dirimir sus esquilmados liderazgos en un ring de boxeo.

El socialismo hizo catarsis días atrás sobre sus gruesas diferencias internas, mientras Miguel Lifschitz ruega que se aclare el horizonte para terminar de definir su futuro gabinete.

La transición provincial evidencia gestos responsables por parte de Jorge Obeid y Carlos Reutemann (pese a que en la intimidad sigan siendo enemigos íntimos) para que Santa Fe sea gobernable luego del 11 de diciembre.

Sin embargo, el Lole no pierde la oportunidad de apelar al factor sorpresa, con el riesgo de salirse de pista: las palabras casi decimonónicas de su flamante titular de Educación, Julio Zapata ("un católico sumiso a los obispos y defensor de la enseñanza privada", como se autodefinió), confirman que la política local sigue siendo demasiado generosa. La curia santafesina puede respirar tranquila: por dos meses tendrá a un ministro que logró el milagro de ser más papista que el Papa.