Editorial

Otro paso contra la impunidad

Como ya se ha expresado desde estas columnas en los últimos tiempos, el esclarecimiento de las acciones aberrantes cometidas durante la última dictadura militar, el enjuiciamiento a los responsables y el castigo son de una necesidad tan imperiosa como inevitable para el país y no existirá posibilidad de recuperar la integridad como República mientras no se resuelva esta deuda pendiente con la sociedad.

Se señala esto porque en la ciudad de Córdoba una jueza federal impartió una orden de arresto para el ex comandante del Tercer Cuerpo de Ejército Luciano Benjamín Menéndez y otros cuatro torturadores del centro clandestino de detención denominado La Perla.

Aunque las detenciones no están fundamentadas en la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final, se abrió esa posibilidad a raíz de la anulación de ambas normas por parte del Congreso nacional, tal como sucedió en Capital Federal con la causa de la Esma, en la que quedó detenido nuevamente Alfredo Astiz, y la del Comando del Primer Cuerpo de Ejército.

Ya mucho se dijo sobre las características que tuvo la represión en Córdoba comandada por Menéndez; el libro "Nunca Más" da cuenta de unos tres mil asesinatos en los campos de detención La Perla y la Rivera. Entre ellos existen cuatro que no fueron investigados ni incluidos en la causa Menéndez, cerrada tras el indulto que le otorgó la libertad. Se trata de cuatro personas que fueron secuestradas en noviembre de 1977 y alojadas en La Perla. A mediados de diciembre de ese año, bajo la versión oficial de que habían sido muertos en enfrentamientos, aparecieron los cuerpos en una esquina de la ciudad. Precisamente en virtud del esclarecimiento de este caso es que la juez logró las detenciones. La medida abre además la posibilidad de sumar todas las causas que quedaron excluidas de las leyes del perdón o anteriores al 24 de marzo de 1976.

Desde ya se espera la apelación de los abogados defensores. No obstante, el hecho de que la Justicia argentina haya comenzado el camino de un nuevo proceso a los responsables resulta auspicioso, tanto para los familiares de desaparecidos, que viven en la incertidumbre de lo que sucedió con ellos, como para los organismos de derechos humanos, que nunca bajaron los brazos en su lucha por la verdad. Y también para la sociedad en su conjunto, que para mirar el futuro con perspectiva debe cerrar con justicia la aún vigente impunidad sobre un pasado lascerante.