Editorial

Frente a la inseguridad

Las noticias que describen los hechos de violencia que cotidianamente ocurren en Rosario ocupan amplios espacios en los medios de comunicación. Robos, muerte, secuestros, intentos frustrados por la policía, delincuentes que escapan, heridos, pasaron a ser una parte esencial de las crónicas diarias, casi como incorporadas con naturalidad a la vida de los ciudadanos. Y enseguida una a una van quedando atrás, sepultadas por la vorágine de otras informaciones similares, más recientes y, en muchos casos, más cruentas.

Además del grave riesgo que implica la inseguridad, otra amenaza comienza a instalarse, menos palpable, que puede incluso pasar inadvertida, pero no por ello desdeñable: el acostumbramiento. De hecho ya convivimos con la violencia, pero de ninguna manera lo debemos aceptar resignadamente como algo irremediable. El Estado tiene los medios necesarios para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Y debe hacerlo, porque es parte de sus obligaciones indelegables. Es nuestro derecho exigir que así sea.

Todos aquellos con responsabilidades en la materia y con poder de decisión -policía, funcionarios, legisladores, Poder Judicial- deberán arbitrar los mecanismos idóneos para terminar con el flagelo. Respetando las garantías constitucionales y el derecho de cada una de las personas, pero también con la autoridad y la energía necesarias que permitan desterrar la sensación de impunidad reinante. Si las leyes no son las adecuadas, habrá que adaptarlas a los nuevos tiempos; si, en cambio, son apropiadas, deben ser aplicadas respetando su espíritu.

Por cierto que esa es sólo una parte de la solución. Es imprescindible restablecer condiciones de vida digna para millones de compatriotas que han sido empujados a la miseria y la marginalidad. Y sólo la generación de puestos de trabajo genuinos puede revertir esa situación.

Convivir con el delito, lamentablemente, se ha hecho moneda corriente. Sin embargo, no debe ser incorporado como rasgo distintivo de la vida cotidiana. Por el contrario, el compromiso de todos los ciudadanos, y el férreo rechazo a convertir el delito en una noticia rutinaria, obligará a los responsables a brindar las respuestas que la sociedad demanda.