Se acelera la renegociación de contratos con las privatizadas

De Vido defendió el proyecto oficialista, que recibió el dictamen favorable de cuatro comisiones de Diputados

El proyecto del Poder Ejecutivo sobre la renegociación de los contratos con las empresas de servicios públicos privatizados, que tiene media sanción del Senado, logró ayer dictamen favorable de las comisiones de Defensa del Consumidor, Presupuesto y Hacienda y Obras Públicas de la Cámara de Diputados.

El oficialismo quiere convertir hoy en ley el proyecto que otorga al gobierno el poder, hasta diciembre de 2004, de renegociar los contratos de las empresas privatizadas. Para impulsar la iniciativa, el ministro de Planificación, Julio De Vido, defendió ayer la propuesta ante un plenario de cuatro comisiones de la Cámara de Diputados.

El ministro afirmó que el objetivo del proyecto de ley es "buscar un nuevo esquema de equilibrio de los contratos" y enfatizó que "esto no significa en modo alguno imponer a las empresas condiciones distintas a las previstas en los marcos regulatorios". El titular de Planificación señaló que asistió a Diputados para explicar "los fundamentos por los cuales el Poder Ejecutivo propicia esta ley" y afirmó que el proyecto define "básicamente un nuevo plazo para renegociar".

"Al gobierno le urge encontrar de común acuerdo con las empresas concesionarias, un nuevo esquema de equilibrio de los contratos, y determinar el real alcance e incidencias de la ley la ley 25.561 por la cual se operó la salida de la convertibilidad, la pesificación y la desindexación de los contratos", expresó el ministro.

El justicialismo rechazó todos los cambios sugeridos por la oposición, que apuntaban especialmente a dar mayor poder al Congreso, y pasó a la firma el dictamen para llevarlo hoy al recinto. Pero la celeridad obligaría al PJ a reunir dos tercios de los votos, porque recién la semana próxima se cumpliría el plazo reglamentario para votarla con mayoría simple y la falta de acuerdo con la oposición anticipó problemas para el PJ al momento de reunir la cantidad suficiente de diputados para sesionar.

"No vamos a facilitar los dos tercios para la aprobación de esta ley, no queremos sanciones apresuradas", afirmó el jefe de la bancada radical, Horacio Pernasetti.

Durante dos horas y media de debate, De Vido debió negar repetidas veces un inminente aumento de tarifas y, en ese sentido, aseguró que el 10 por ciento de inflación previsto por el gobierno para el año próximo "está relacionado con los aumentos salariales y de consumo" proyectados para 2004.

La propuesta oficial, ya aprobada por el Senado, prorroga hasta diciembre de 2004 la facultad que tiene el gobierno para renegociar los contratos de las empresas privatizadas y, una vez presentada, deja al Congreso 60 días corridos para que la convierta en ley o la rechace. Si cumplido el plazo los legisladores no se expiden, se da automáticamente por aprobada.

"La aprobación tácita de los contratos está prohibida por la Constitución", se quejó a viva voz el socialista Héctor Polino y citó una postura idéntica asumida en su momento por la senadora, y actual primera dama, Cristina Fernández de Kirchner.

La respuesta del oficialismo, expresada por el diputado duhaldista Luis Cigogna, es que el proyecto amplía el poder que la ley de Emergencia Económica, sancionada durante el gobierno de Eduardo Duhalde, daba al Congreso en materia de renegociaciones.

Frente a una posición que aparecía irreductible, el radical Jesús Rodríguez terminó por preguntar si el justicialismo aceptaría analizar algún cambio al proyecto.

El vicepresidente del bloque del PJ, Manuel Baladrón, se sinceró frente a la oposición y reconoció que la intención es votarlo sin cambios para, de ser posible, convertirla en ley hoy mismo.

Rodríguez ironizó entonces que, antes que un plenario de comisiones, la reunión era una "conferencia de prensa del ministro" y advirtió sobre la falta de organismos de control de los nuevos concesionarios de peajes. Al respecto, De Vido informó que la universidad Flacso presentará al gobierno un nuevo marco regulatorio de los corredores viales y que se eliminaron los 350 millones de subsidios que se entregaban a los concesionarios.

Para resumir la posición de la UCR, Pernasetti, adelantó que además de retacear el quórum votarán en contra y defenderán otro, en minoría, que propone una lista de condiciones que el Poder Ejecutivo debería tener en cuenta al momento de elaborar los futuros contratos.

De Vido presentó el proyecto en Diputados.