Tres detenidos en un allanamiento en Castellanos al 600

Investigan la presnta vinculación de Moralidad Pública con proxenetas

La grave denuncia que formularon el miércoles integrantes de la Asociación de Mujeres Meretrices de la República Argentina (Ammar) contra los jefes de la sección Moralidad Pública tuvo su primera repercusión con la detención de tres personas allegadas al ambiente de la prostitución y el secuestro de documentos que probarían la vinculación de policías con hechos de corrupción. Eso ocurrió durante una serie de procedimientos judiciales que comenzaron el viernes a la noche y continuaron ayer en tres lugares diferentes.

Si bien la investigación está rodeada del fuerte hermetismo que impuso el juez que lleva adelante el caso, Jorge Eldo Juárez, trascendió que entre el viernes y ayer se concretaron por lo menos tres allanamientos en los cuales, además del arresto preventivo de sospechosos, "se halló información" importante para la causa, según la escueta descripción que brindó una fuente allegada al caso.

Con relación a los detenidos, ayer se supo que se trataba de un hombre y dos mujeres que tendrían relación con el negocio de la prostitución. Los sospechosos que ahora están bajo la lupa judicial son el dueño de una whiskería ubicada en Castellanos al 600, su novia (de nacionalidad dominicana) y otra mujer que sería la dueña del inmueble.

Las fuentes consultadas por La Capital dijeron que la situación de los tres podría cambiar con el correr de las horas de acuerdo a los indicios que se recolecten de los procedimientos que se realizaban en la tarde ayer.

Todo comenzó cuando tres integrantes de Ammar, entre ellas su presidenta, Sandra Cabrera, denunciaron en Tribunales que la cúpula de la sección Moralidad Pública de la Unidad Regional II ejercía un virtual monitoreo de la prostitución al recibir dinero de boliches donde se practica la prostitución para impedir el trabajo de las mujeres en la calle y sacar del mercado a la competencia. También declararon que policías pretendían cobrarles coimas para no interferir en su propio trabajo como prostitutas.

Concretamente, las tres mujeres contaron que el problema surgió cuando un local en donde se ofrecen servicios sexuales se instaló en Castellanos entre San Lorenzo y Santa Fe, donde ellas trabajan desde hace cuatro años. Desde la inauguración del boliche las mujeres que ejercen la prostitución en esa esquina fueron "advertidas" por el jefe de Moralidad Pública para que "no generaran problemas" con el desempeño del lugar.

El caso comenzó a ser investigado por el juez Juárez y también por la Dirección de Asuntos Internos de la policía provincial debido a que la denuncia mencionaba con nombre y apellido a los responsables de una sección de la Unidad Regional II. El primero de los procedimientos judiciales comenzó a las 23 del último viernes en la whiskería de Castellanos 627, el negocio mencionado en la denuncia penal.


Dos aristas
Los investigadores estuvieron en el lugar hasta casi las 7 de ayer Durante ese tiempo, los agentes de Asuntos Internos recolectaron documentación vinculada a la causa que tiene que ver con las coimas supuestamente pagadas a la policía y también con una denuncia por privación ilegal de la libertad de una joven dominicana. Entre otros papeles, encontraron documentación personal de una chica que podría haber sido obligada a prostituirse en el lugar, presionándola con no devolverle sus documentos.

"La denuncia tiene dos aristas. Desde el interior del local denunciaban que a una chica dominicana le retuvieron el documento y la tenían presionada. Y por otro lado, están las mujeres que trabajan en la calle y tienen problemas con Moralidad", comentó un allegado a la investigación. Los pesquisas también se llevaron una serie de papeles "importantes" para determinar la vinculación de proxenetas con policías sospechados de recaudar dinero proveniente de la prostitución.

Lo cierto es que el dueño de Punta Cana, como se llama el local allanado antenoche, quedó demorado. En igual situación se encontraba su novia, de nacionalidad dominicana. Las medidas judiciales continuaron ayer durante todo el día. Una propiedad ubicada sobre calle Santa Fe y otra en la localidad de Granadero Baigorria también fueron escenarios de procedimientos judiciales por el mismo tema.

El procedimiento insumió siete horas.