Reportaje al ex viceministro de Seguridad de Buenos Aires

"El poder político no debe delegar la lectura sobre el delito a la policía"

Marcelo Sain dice que "una fuerte voluntad" de gobierno es indispensable para la modernización policial

Hernán Lascano / La Capital

A quienes se encarguen de la seguridad pública en el futuro gobierno de Jorge Obeid puede servirles leer esta nota. El que habla aquí es el investigador Marcelo Sain, especialista y autor de numerosas publicaciones en el tema. Pero más conocido por haber denunciado, mientras era viceministro de Juan Pablo Cafiero en Buenos Aires, que el mecanismo de recaudación ilegal de la policía de esa provincia financiaba las estructuras políticas bonaerenses. Sain abandonó su puesto en enero pasado, cuando advirtió que las prioridades del área esencial que conducía, para la que había elaborado un plan de reforma policial, eran para el gobierno mucho menos importantes que sus estrategias electorales.

En la función pública Sain constató las causas profundas de los déficits del modo de investigar y accionar de la policía. "La primera característica es que no hay un conocimiento apropiado de la problemática delictiva en el ámbito que se gobierna. En segundo lugar no hay diagnóstico de cuál es el estado institucional de la policía y de los recursos para cumplir tanto las tareas preventivas como la investigación de los delitos", dijo. Tales quebrantos, asegura, jamás podrán superarse sin "una fuerte voluntad política" que considera la condición de la modernización del sistema policial.

-¿Qué debe disponer el gobierno que tenga esa voluntad de cambio?

-Armar un cuadro de situación delictiva es importante porque es el terreno sobre el cual un gobierno debe trazar los ejes de trabajo. Y es muy cambiante por provincia, por región y hasta por áreas urbanas. Hay que tener claro, en primer lugar, cuáles son las modalidades delictivas: secuestro; delitos rurales varios; robo, desguace y contrabando de autos; tráfico de drogas ilegales. Si no hay un cuadro de situación apropiado de estos circuitos delictivos -cómo se han desenvuelto, qué contribuye a su expansión- no se puede saber cuál es el mejor medio policial para investigarlos. En segundo lugar es esencial la inteligencia táctica para descifrar cuáles son las grandes organizaciones que están detrás de estos delitos. En cuanto al delito común, que sufrió en Buenos Aires y Santa Fe un alza notable en número y grado de violencia, tampoco hay un estudio pormenorizado de sus cualidades. Como reemplazo a esta ausencia, el poder político le ha delegado la potestad de interpretar qué ocurre con el delito a la policía.

-¿Cuáles son las consecuencias?

-Que se construye un discurso entre poder político y cúpula policial que oculta gran parte de las ineficiencias. Nos pasó en Buenos Aires con la famosa brigada antisecuestros. Había muy pocas unidades operativas con cuadros capacitados para atender ese tipo de criminalidad. Pero el discurso que la conducción de esta brigada le daba al gobierno es que tenía una tremenda especialización en el tema. Lo que se vio, a seis meses de gestión, es que no podían articular una inteligencia estratégica, no establecían tipologías en materia de secuestros, no tenían éxito en la investigación judicial, había un grado de corrupción policial enorme y los principales hombres de algunas brigadas estaban en los propios circuitos delictivos. El poder político hoy está atado de pies y manos a la construcción de la realidad del delito que le da la policía. Si un gobierno ignora estos dos ejes -realidad delictiva y realidad institucional de la policía- no puede definir estrategias contra el delito.

-En Santa Fe, por ejemplo, hay eternas sospechas de complicidad entre piratas del asfalto y franjas policiales. ¿Cómo se pueden obtener resultados cuando la que investiga es la policía sospechada?

-Lo primero que debe hacer el poder político es revertir su tendencia a delegar a la policía la lectura sobre el delito. Saldado esto, lo que hay que hacer es saber cuáles son los problemas delictivos. Cuando se sabe que hay círculos policiales que se muestran incompetentes en investigar se deben definir premios y castigos. Los que no dan resultados se van. En Buenos Aires, por ejemplo, no teníamos evidencia de la participación de jefes o brigadas en circuitos de delito. Pero sí veíamos que en las jurisdicciones de estos jefes se producían delitos con las mismas características y frecuencias. Y nunca había, pese a esa reiteración, informes ni intervenciones sobre el tema. Lo cual nos hacía ver que había ineficiencia y participación. No nos hacían falta pruebas. Ahí había que producir cambios. Hay otra cosa importante: los problemas delictivos no ocupan el centro de la actividad policial.

-¿Cómo es esto?

-Gran parte del desempeño policial tiene que ver con tareas administrativas no policiales. En Santa Fe esto es muy importante. Gente que trabaja en tareas como hacer notificaciones judiciales o traslado de detenidos en vez de investigar. Lo otro necesario es un sistema técnico que permita un acopio y procesamiento de información para tener un panorama sobre la criminalidad compleja, que no se reduce a sistematizar estadística. Si usted se fija, una banda que hoy opera en abigeato en Reconquista mañana baja a Pavón Arriba y el sistema policial no tiene ningún registro de la modalidad operativa y análisis al respecto. El segundo punto es especializar en estas labores a la policía.

-Aquí da la impresión que el nivel de registro y análisis delictivo es muy pobre.

-Es que se debe romper la idea de que el diagnóstico delictivo se hace sobre la información del buche. La labor de inteligencia es un sistemático acopio de información, no necesariamente procedente del informante o de una causa judicial, sino también de fuentes públicas y abiertas. Doy un ejemplo: para investigar piratería del asfalto en Buenos Aires, al detectar que se robaban muchas cargas de harina y aceite notamos que tenía que ver con la revalorización de esos productos en el mercado interno. Entonces cruzamos datos de entidades productoras y de transportistas sobre esos temas, más información económica pública, más información delictiva. El cuadro de situación se elaboraba con 70 % de información pública sistematizada y 30 % de información reservada o sigilosa. Eso permite prevenir y desarticular bandas. Cuando detectamos cuáles eran las rutas de canalización de los productos momentáneamente más rentables del mercado interno fuimos derecho a esas rutas. Tener mapas de los desarmaderos en Buenos Aires permitió -cuando hubo voluntad política- que en dos meses bajara el 50% el robo de autos. Pero antes hubo que hacer un diagnóstico con datos de aseguradoras, de asociaciones de agencieros de autos, de estudios de mercado sobre la valorización de autopartes.

-¿Esa investigación se la delegaron a la policía?

-No, la centralizamos en una unidad que dependía de mí. Impartía personalmente instrucciones por escrito. Al advertir que era de coyuntura diseñamos un plan de mediano plazo que reconvirtiera el área de investigación criminal. Soy partidario, también en Santa Fe, de que en base a la reforma del Código Procesal Penal haya policía judicial. Que haya un cuerpo incipiente de instructores e investigadores conformados sobre un pase de recursos a la Justicia. Pero el poder político debe tener un área abocada al delito complejo. La policía judicial se aboca a delitos consumados, trabaja por su esclarecimiento. Lo que no van a hacer ellos es el estudio sobre la información, lo que hacen los detectives.

-Pero hasta tanto no haya policía judicial, ¿con qué resguardos el poder político imparte instrucciones?

-Esto se tiene que trabajar con intervención directa del gobierno. Un objetivo de largo plazo es reformular la carrera policial: una es la policía preventiva, otra la que forma detectives. Las prioridades se atienden con grupos especiales no bajo la supervisión del jefe de policía, sino de un funcionario político de seguridad pública. Si no la actuación se diluye. Eso más la paulatina conformación de un management civil sobre seguridad: gente que sepa hacer control. Yo establezco las prioridades del grupo policial, pero controlo el desarrollo y los resultados de sus intervenciones. Esto es ganar conducción sobre el sistema policial. El poder político no se puede inmiscuir en la faz operativa. Pero sí en la diagramación del desempeño de las brigadas por ejemplo en materia de secuestros. Y esto tiene que estar asentado en órdenes de servicio y en recepción de informes por escrito. Eso genera control y permite sancionar o premiar el desempeño. No se puede controlar y evaluar a la policía si antes no se le fijan prioridades y objetivos.

Sain recomienda conducción sobre el sistema.