| sábado, 30 de agosto de 2003 | Organismos de derechos humanos pedirán la apertura de una causa contra represores Organismos defensores de los derechos humanos se entrevistarán el lunes con el juez federal Rodolfo Canicoba Corral para pedirle que abra una causa para juzgar en el país a los 40 ex represores detenidos, acusados de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, cuyas extradiciones habían sido pedidas por el magistrado español Baltasar Garzón para ser juzgados allí.
Las entidades le pedirán además a Canicoba Corral que acepte el pedido de Garzón para que mantenga en prisión a los detenidos, pese a la decisión del gobierno español de no avanzar con los pedidos de extradición.
Los organismos se concentrarán a las 10.30 en los tribunales de la calle Comodoro Py 2002, en el barrio porteño de Retiro, para entrevistarse con el magistrado.
"Queremos que se abra la causa acá. Y si el juez (Canicoba Corral) no está en condiciones de hacerlo por cualquier motivo, que acceda al pedido de Garzón de mantenerlos presos hasta que haga la nueva presentación ante el Consejo de Ministros de España para volver a reclamar la extradición", dijo Adriana Calvo, integrante de la Asociación ex Detenidos-Desaparecidos.
Calvo, una de las testigos que declaró en el expediente abierto en España, adelantó que tanto ella como otros ex sobrevivientes de campos de concentración durante la última dictadura formularán la misma denuncia ante el juez argentino para que inicie la investigación.
Por su parte, el abogado de la Acusación Popular en la Audiencia Nacional de Madrid, Carlos Slepoy, dijo a esta agencia que espera que los "cientos" de testigos que declararon ante Garzón reiteren sus denuncias ante Canicoba.
Para Calvo el hecho de que el Congreso anulara las leyes de obediencia debida y punto final sancionadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín y que beneficiaron a cientos de militares acusados de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, abre las puertas para que se reinicien las causas en el país, sin la necesidad de que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie al respecto.
"Aquí ya se puede juzgar. Ahora las leyes están anuladas y ni siquiera la Corte tiene que decidir ni la constitucionalidad ni la inconstitucionalidad", de las mismas.
Calvo cuestionó además la decisión del gobierno español de José María Aznar de no avanzar en el pedido a la Argentina de las extradiciones de los ex represores, cuya detención había sido pedía por Garzón el 7 de julio último.
"Esto no es ajeno a la alianza entre Aznar, Inglaterra y los Estados Unidos que acaban de masacrar al pueblo iraquí a pesar de la opinión contraria del resto del mundo. Cuidan a los genocidas y conforman el eje de la impunidad", dijo Calvo.
"Desde la Asociación de ex Detenidos-Desaparecidos pensamos que lo de Aznar es claramente una actitud para evitar las extradiciones. Lo mismo que hizo Inglaterra con (el ex dictador chileno, Augusto) Pinochet. Hasta ahora le dijo que sí a todo, pero cuando llegó el momento indicado dio marcha atrás", señaló.
Entre las entidades que se entrevistarán el lunes con Caniocoba figuran además Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas de Plazas de Mayo, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH).
Además estarán el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) y el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh). (DYN) enviar nota por e-mail | | |