España no pedirá la extradición de acusados por crímenes de lesa humanidad

Ex represores quedan en libertad

El gobierno de Aznar cree que hay condiciones para que sean juzgados en Argentina. La Corte tendrá la palabra

El gobierno de España resolvió desistir de tramitar la extradición de represores argentinos que afrontan cargos en Madrid por crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura, por lo que los acusados recuperarán la libertad en las próximas horas. El Consejo de Ministros "ha acordado la no tramitación de la extradición activa de Omar Graffigna y de otras 39 personas reclamadas" por el juez de Madrid Baltasar Garzón, dijo Mariano Rajoy, vicepresidente del gobierno que encabeza José María Aznar.

Al adoptar la decisión, el gabinete de Aznar tuvo en cuenta que el Tratado de Extradición admite rechazar el juzgamiento extraterritorial "cuando los tribunales del país de origen (en este caso Argentina) son competentes para enjuiciar los delitos" en cuestión, explicó Rajoy, según consignaron agencias internacionales de noticias.

El gobierno de España tomó nota de la preferencia del presidente Néstor Kirchner de someter a juicio a los represores argentinos en el ámbito de la justicia nacional, aunque aún existen obstáculos jurídicos para avanzar en esos procesos. "Nosotros no queremos que haya impunidad en la Argentina, pero es una decisión de España", dijo desde El Calafate el presidente Kirchner, quien el 25 de julio pasado derogó un decreto que impedía la extradición de represores. La medida fue adoptada 48 horas después de que el juez federal Rodolfo Canicoba Corral librara las órdenes de captura contra los acusados.

Por su parte, Canicoba Corral se mostró "sorprendido" por la decisión de España y explicó que "apenas tenga información oficial voy a proceder a la liberación" de los 40 represores detenidos aquí por requerimiento de Garzón.

Canicoba aguarda una comunicación oficial de la Cancillería para poner fin al proceso que había iniciado, por pedido de su colega ibérico, para la extradición de 39 militares y un civil acusados ante la Audiencia Nacional de España por genocidio y terrorismo de Estado en la última dictadura militar.

Seis de los 40 detenidos enviaron a sus representantes legales a los tribunales para reclamar su inmediata libertad, pero Canicoba resolvió no adoptar medida alguna hasta tanto reciba información oficial.

En cualquier caso, si el juez no recibe una comunicación de la Cancillería que reporte la decisión del gobierno de Aznar deberá, de todos modos, comenzar a liberar a los acusados a partir del martes, ya que vencerá el plazo establecido por el Tratado de Extradición para que España formalice ante Argentina su requerimiento de ayuda jurídica, desistido ayer desde Madrid.


El fundamento de la decisión
La decisión de España fue fundamentada en "la firme voluntad" que expresó públicamente Kirchner "de proceder al enjuiciamiento de esas personas" dentro de las fronteras argentinas, indicó Rajoy.

La administración Kirchner promulgó anoche la ley que declaró la nulidad de las normas de punto final y obediencia debida, que exculparon a los responsables de delitos contra la humanidad perpetrados en la dictadura. "Ahora le toca decidir a la Corte sobre la reapertura de los procesos" a militares, razonó Kirchner.

La Corte Suprema de Justicia tiene pendiente una resolución sobre la validez de las leyes de impunidad, que fueron declaradas nulas e inconstitucionales por la Cámara Federal porteña. El Congreso, por otra parte, dejó sin efecto las normas en una medida que tiene consecuencias políticas pero no jurídicas.

El dictador Jorge Videla y el ex almirante Emilio Massera, de todos modos, continuarán bajo arresto domiciliario porque cumplen prisión preventiva por el robo sistemático de bebés. Esa causa será elevada a un tribunal oral.

En idéntica situación se encuentran otros militares con procesos penales abiertos tanto en Argentina como en España, entre ellos el ex almirante Rubén Franco, el ex general Carlos Suárez Mason, el prefecto Héctor Febres y el ex marino Jorge Acosta, alias Tigre.

En cambio, recuperarán la libertad en las próximas horas quienes sólo hayan sido detenidos a causa del pedido de Garzón. Entre ellos se encuentran el ex teniente de fragata Alfredo Astiz y el ex general del Ejército Antonio Domingo Bussi.

Los jerarcas del Proceso respiraron aliviados.