Abad dijo que las cerealeras deben aceptar la reforma en Ganancias

El productor pierde u$s 10 por tonelada con la nueva tributación

La cadena agroindustrial alertó a los diputados nacionales sobre los efectos del cambio en el gravamen

Caída de siete a diez dólares del precio por tonelada de granos al productor, cierre del mercado a futuro y pérdida de confiabilidad comercial del país en el exterior, son algunos de los daños que según la cadena agroindustrial argentina provocará la reforma del impuesto a las ganancias para las exportaciones agrícolas.

"La incertidumbre sobre el verdadero costo impositivo de las operaciones de venta externa, al tener que tributar ganancias sobre un precio de embarque futuro que nadie puede conocer ni mucho menos controlar, provocará graves daños a la actividad", señaló una declaración de la entidad.

Desde el gobierno salieron al cruce de la estocada empresaria. Ayer el administrador federal de Ingresos Públicos, Alberto Abad, afirmó que los cambios que impulsa el organismo para la modificación de la tributación de Ganancias no afectará el mercado de futuros de la actividad.

"Hemos explicado que esta propuesta se relaciona exclusivamente a operaciones entre firmas vinculadas que utilizan un intermediario que no tenga sustancia económica y que nunca reciba la mercadería. Se trata de un caso específico", afirmó Abad.

El funcionario rechazó críticas de exportadores de cereales y entidades productoras que se oponen a la modificación del impuesto por sostener que genera "incertidumbre" en el mercado de futuros.

Abad señaló durante un encuentro con empresarios exportadores, que el cambio a la legislación tiene por objeto evitar operaciones de triangulación donde intervienen empresas que "no tienen ubicación institucional y que no tiene activos ni asumen riesgos que sean simétricos con el nivel de ventas que tienen".

En ese sentido, el funcionario explicó que la ley alcanzará sólo a las empresas cuyas operaciones de exportaciones bajo este formato superen el 30% del total y que ese tipo de maniobras fue descubierto por la Afip en el último año y medio en siete grandes firmas del sector que concentran el 60% de las exportaciones de granos del país.

Al mismo tiempo increpó a las cerealeras a que deberán aceptar la nueva ley cuya aprobación por parte del Senado espera para los próximos días. "En un Estado de derecho las normas están para ser cumplidas", dijo Abad, quien se mostró confiando en que el proyecto "será muy pronto aprobado" y entrará en vigencia "en los próximos meses, inclusive antes de fin de año".

Los empresarios no entendieron razones ya que consideran que la iniciativa oficial atenta contra la operatoria del mercado granario. En una conferencia de prensa realizada en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, los integrantes de la cadena dieron a conocer el documento de 12 carillas que presentaron a los Diputados explicando sus objeciones al proyecto de reforma tributaria.

"Los exportadores descontarán del precio a pagar al productor una prima de riesgo por dicha incertidumbre estimada en 7/10 dólares por tonelada, lo que funcionará como una nueva retención", destacó la declaración.

Considerando una exportación anual estimada de 50 millones de toneladas de granos, el descuento de los exportadores significará una pérdida de 5.000 millones de dólares, unos 15 mil millones de pesos, para los agricultores.

La declaración señaló que para limitar el riesgo de subas de precios entre la fecha de adquisición de los granos y el momento del embarque, los exportadores "tenderán a comprar con el barco a la vista" lo que implicará "un serio daño para los mercados a futuro, herramienta imprescindible para que los productores puedan fijar los precios de sus cosechas de antemano y con ello congelar su ecuación económica".

Asimismo, destacaron que la "situación provocará complicaciones logísticas graves, con demoras de camiones y de barcos frente a 50 millones de toneladas de cosecha concentradas en períodos pico, transformando al país en proveedor poco confiable y de menor precio". Por tal motivo los integrantes de la cadena "apelan a la responsabilidad y el buen sentido de las autoridades legislativas y ejecutivas para evitar que se transforme en ley un proyecto que, repudian en forma unánime".

Firman la declaración 39 entidades que incluyen a las bolsas de cereales de Buenos Aires, Bahía Blanca, Córdoba, Rosario y Santa Fe, asociaciones de acopiadores, transportistas de granos, proveedores de insumos para el agro, molineros, industriales de la leche y entidades de productores.

El titular de Afip, Alberto Abad, y Lavagna.