La detención de Bussi abrió la polémica en Tucumán

La detención de Antonio Domingo Bussi desató una fuerte polémica en Tucumán, ya que de mantenerse su actual estado jurídico no podría asumir el 29 de octubre próximo como intendente de la capital de la provincia.

La Constitución tucumana y las leyes vigentes sobre el régimen municipal sólo contemplan la posibilidad de que un intendente en funciones renuncie o sea relevado del cargo por distintos motivos. En esa instancia, el Concejo Deliberante puede elegir al nuevo intendente hasta terminar su mandato.

Pero la situación de Bussi es especial, ya que se daría el caso de una acefalía en el municipio ante la imposibilidad de que el ex militar jure en el cargo.

Además del juicio que Bussi deberá enfrentar en España, la Justicia federal de Tucumán tiene abierta aún -aunque sin ninguna clase de movimiento- una denuncia por la desaparición de la menor Nancy Alarcón, ocurrida en 1976.

El mismo fuero ordenó excavaciones en el centro clandestino de detención denominado Pozo de Vargas, para determinar si allí están enterrados cientos de cuerpos de detenidos desaparecidos durante la última dictadura militar que sufrió el país, entre 1976 y 1983.

La carta magna provincial, modificada en 1990, no contempla la situación que atraviesa el intendente ni se pronuncia sobre la existencia de fueros que lo protejan ante la Justicia.

Desde el justicialismo, la voz oficial que se escuchó fue la del ministro de Gobierno, Manuel Pedernera, quien se inclinó a favor de que los futuros ediles elijan al reemplazante del detenido líder de Fuerza Republicana. En cambio, radicales, socialistas, democristianos y otros partidos de la oposición reclamaron al gobierno un "urgente nuevo llamado" a elecciones municipales, limitando los comicios sólo al cargo que ganó Bussi hace menos de un mes, por escasos 17 votos.