A medio siglo del inicio de la revolución

Diez años de reformas cambiaron la isla de Cuba

Hace una década, Fidel retocó la economía para sobreponerse a la caída del bloque soviético

Klaus Blume

La Habana.- Fue el 40º aniversario del inicio de la revolución, pero para Cuba no había mucho que celebrar aquel 26 de julio de 1993. La Unión Soviética, la gran hermana de Cuba, había desaparecido y, desprovista del tradicional apoyo de Moscú, su antigua aliada caribeña también amenazaba con hundirse. En vista de la situación de penuria en la isla, el presidente Fidel Castro anunció el 26 de julio, hace diez años, algunas reformas económicas: la legalización de la tenencia del dólar para contrarrestar la escasez de divisas y la legalización del trabajo por cuenta propia como remedio para combatir el desempleo.

Aunque muy modestas, a la dirigencia marxista-leninista cubana le costó mucho adoptar esas medidas reformistas. "Algunas de estas medidas son desagradables", admitió Castro en el discurso que pronunció el 26 de julio de 1993 en Santiago de Cuba con ocasión del 40º aniversario del asalto al Cuartel Moncada.


Nuevos hábitos
Cuba cambió desde entonces. En las ciudades surgieron mercados libres campesinos y muchos cubanos intentaron ganarse la vida como artesano, taxista o dueño de un restaurante. Sin embargo, desde el principio el gobierno cubano estableció fuertes límites a la nueva libertad empresarial. Por ejemplo, hasta el día de hoy los pequeños empresarios autónomos no tienen permiso para contratar empleados, y los pequeños restaurantes particulares, los "paladares", no pueden tener capacidad para más de 12 comensales.

Los elevados impuestos y el acoso burocrático forzaron a muchos "cuentapropistas" a cerrar sus negocios. Su número cayó de más de 200.000 a principios de 1996 a unos 150.000 en la actualidad. Una de las consecuencias de las reformas fue que precisamente los cubanos en el exilio se convirtieron en sostén del régimen, puesto que la legalización de la tenencia del dólar les permitió enviar dinero a la isla. Actualmente, estas remesas en dólares constituyen para Cuba su principal fuente neta de divisas, cuyo monto se estima en 800 millones de dólares anuales.

Con el objetivo de captar esas divisas, el Estado cubano estableció nuevas tiendas en dólares. Ahora, en La Habana incluso hay centros comerciales totalmente acristalados, que antes sólo existían en países capitalistas. Los precios que se cobran en esas tiendas son altos, por lo que la penuria sigue para quienes sólo tienen pesos. Así, con la legalización del dolar también aumentó la desigualdad en la isla.

A primera vista, el cambio dentro de la economía estatal cubana es menos visible. Algunas industrias pesadas fueron divididas en unidades más pequeñas, cuyos gerentes están obligados a trabajar sin pérdidas. En algunos hoteles aparecieron letreros informando que esta empresa se encuentra en un proceso de "perfeccionamiento empresarial". El monopolio del Estado sobre el comercio exterior se aflojó y hay empresas autorizadas a exportar e importar por su cuenta. No obstante, todas estas empresas siguen en manos del Estado.

La influencia aún omnipotente del Estado en la economía también es un problema para los inversores extranjeros en Cuba. Recientemente, las embajadas de los países de la Unión Europea en La Habana elaboraron una lista de toda una retahíla de obstáculos administrativos. Como fuente de divisas, las inversiones extranjeras directas en Cuba tienen escasa importancia, debido a las malas condiciones generales, a diferencia del turismo, que en la década de los noventa registró tasas de crecimiento anuales de dos dígitos.

El turismo también promovió entre la clase política cubana el interés por la conservación de los monumentos nacionales. Muchos de los cascos antiguos de las ciudades cubanas están siendo restaurados gracias a los dólares que aportan los turistas. También los turistas que pasan sus vacaciones en Cuba pueden hacerse una imagen de las enormes dificultades con que se enfrentan los pequeños empresarios, por ejemplo, cuando se hospedan en alguna de las pensiones privadas, que son más económicas que los hoteles.

Los dueños de esas pensiones son víctimas de una legislación tributaria absurda: están obligados a pagar un impuesto fijo de entre 100 y 130 dólares mensuales por habitación, independientemente del número de huéspedes. Ello significa que en los meses de poca demanda de habitaciones, la tasa impositiva llega a más del ciento por ciento. (DPA)