Los rebeldes tuvieron retenida a la embajadora de Australia, que fue liberada

Un grupo de militares filipinos tomó por asalto y minó un centro comercial

Los insurrectos aclararon que no intentan dar un golpe, pero el gobierno advirtió que los someterá a corte marcial

Manila. - Horas después de que la presidenta filipina Gloria Magapacal Arroyo ordenara la detención de oficiales que planificaban un golpe de Estado, un grupo de militares de la marina tomaron por asalto esta madrugada (local) un centro comercial en el distrito financiero de Manila y sembraron bombas trampa. Los militares negaron que se trate de un golpe de Estado, pero exigieron la renuncia de la presidenta Magapacal Arroyo "por graves pecados contra el pueblo".

La presidenta filipina los intimó a rendirse. "Les doy hasta las cinco de la tarde -las 6 en Argentina-para deponer su actitud, entregar las armas y regresar a los cuarteles", expresó la presidenta en un discurso a la nación. De lo contrario, los militares serán "autorizados a hacer un uso razonable de la fuerza para desalojar a su grupo con rapidez y eficacia", añadió la presidenta filipina.

Los militares rebeldes dejaron en libertad -cerca de la medianoche argentina- a la embajadora australiana en Filipinas, Ruth Pearce, junto con unos 100 civiles. La embajadora fue tomada como rehén por los rebeldes cuando estos comenzaron el asalto. Los civiles permanecieron durante varias horas atrapados dentro del apart-hotel Oakwood, después de que los militares sediciosos tomaran por asalto el complejo Glorietta. Las personas liberadas no presentaban señales de haber sufrido daño alguno.

"No fuimos lastimados ni amenazados en forma alguna", dijo la diplomática. Además de Pearce, entre los extranjeros estaba otro diplomático y un policía australiano, así como ciudadanos estadounidenses, canadienses, japoneses, israelíes y surcoreanos.


"No queremos el poder"
"Demandamos la renuncia de los líderes del régimen actual, cuya única preocupación es permanecer en el poder, enriquecerse y ocuparse de la gente rica e influyente", expresaron en un comunicado. "Esto no es un golpe de Estado", había dicho previamente el teniente de la marina Antonio Trillantes, uno de los oficiales buscados por el gobierno de Arroyo. "No estamos tratando de tomar el poder, sólo expresamos nuestras quejas", expresó el oficial.

"Contamos con alrededor de 2.000 hombres en la zona", aseguró Trillantes, a la vez que aclaró: "Pertenecemos a las Fuerzas Armadas de Filipinas". Sin embargo, las autoridades estiman que el número de amotinados asciende a alrededor de 200 militares.

Entre 20 y 30 hombres plantaron explosivos alrededor de un centro comercial y otros edificios, entre ellos un exclusivo condominio residencial y un hotel, cerca de la avenida Ayala, la más importante de Makati. Trillantes informó que los residentes del condominio estaban siendo evacuados a un lugar seguro. En su comunicado, los sediciosos acusan al gobierno de Arroyo de vender armamento a rebeldes musulmanes y comunistas, y de estar detrás de una serie de atentados explosivos en la ciudad de Davao, en el sur del país, a comienzos de 2003.

Los soldados amotinados también acusaron a Arroyo de planear "la declaración de la ley marcial en agosto para permanecer en el poder hasta después de 2004. Esto se llevará a cabo por medio de varios atentados explosivos en Manila, que serán atribuidos a varios grupos", según el comunicado, que denuncia que "el escape del terrorista indonesio Fathur Rohman Al Ghozi marcó el comienzo de la operación". Al Ghozi escapó el 14 de julio de una prisión de máxima seguridad ubicada dentro del cuartel central de policía.

El secretario de Defensa, Angelo Reyes, rechazó las acusaciones y aseguró a la población que el gobierno tomaba medidas para poner fin a la crisis.

Previamente, la embajada de Estados Unidos había expresado su apoyo al gobierno de Arroyo, que llegó al poder en enero de 2001, luego de que un levantamiento cívico-militar derrocara a su predecesor Joseph Estrada, envuelto en un escándalo de corrupción. Con la insurrección en marcha, desde Washington se anunció que un golpe de Estado "tendría consecuencias negativas inmediatas en las relaciones bilaterales" entre ambos países.

El arzobispo de Manila, cardenal Jaime Sin, instó a los filipinos a "estar preparados para tomar las acciones necesarias para proteger a la presidenta y al gobierno legítimo y a mantener a la nación en el camino de la paz". Arroyo había ordenado el arresto de unos 70 oficiales y soldados del ejército y la marina que desertaron de sus puestos como parte de un presunto intento de golpe de Estado contra su gobierno.


Anuncio presidencial
La presidenta emitió la orden casi una semana después de que se conocieran rumores acerca de que un grupo de militares descontentos estaba complotado contra su gobierno. A fines de la década del ochenta, Filipinas fue escenario de varios y sangrientos intentos de golpe de Estado luego de que el dictador Ferdinando Marcos fuera desalojado del poder tras una revuelta popular de cuatro días.

Arroyo expresó ayer que había escuchado "las legítimas quejas" de algunos de estos jóvenes oficiales pero los soldados sublevados serán llevados ante una corte marcial. Comentaristas de televisión recordaron que los generales retirados ocupan buenas casas del ejército mientras que los soldados arriesgan sus vidas por sólo 4.000 pesos (74 dólares) al mes. (AFP, Reuters y DPA)

Los amotinados, acusados de intentar un golpe.