Tomando el pulso castrense

El presidente Néstor Kirchner pidió al ministro de Defensa, José Pampuro, un informe sobre el clima interno de las Fuerzas Armadas antes de firmar el decreto que abrió las puertas para la extradición de ex represores.

Kirchner convocó ayer al mediodía a Pampuro para que le transmita las opiniones recogidas en sus últimos contactos con la cúpula de la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea sobre el pedido del juez español Baltasar Garzón.

"Pampuro informó que existe un clima absolutamente tranquilo" entre los uniformados, indicaron en la Casa Rosada. Tras la reunión, el ministro fue al puerto de Buenos Aires, donde se realiza una exposición de las Fuerzas Armadas.

Allí abordó el destructor ARA Argentina para analizar con los titulares de la Armada y la Fuerza Aérea, y el subjefe del Ejército, el escenario planteado tras la decisión de Kirchner.

Previo al anuncio, el mandatario (quien descansa en Río Gallegos) también se reunió con el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, el canciller Rafael Bielsa y el ministro de Justicia, Gustavo Beliz.

En rigor, Kirchner ya tenía tomada la decisión de firmar el decreto anunciado ayer, pero el pedido del magistrado español contra 45 militares y un civil aceleró los tiempos.


La firma de De la Rúa
Antes de su reciente gira por Europa y Estados Unidos, el presidente accedió a los borradores de decretos para dejar sin efecto la norma rubricada por Fernando de la Rúa en el 2001, elaborados tras el análisis realizado por Defensa y Cancillería.

Kirchner sólo tenía que decidir el mejor momento para estampar su firma. Incluso, antes de la acción de Garzón, el entorno del mandatario advertía que no había apuro y que el tema debía ser analizado detenidamente.

Desde Balcarce 50, el gobierno justificó la derogación del decreto que impedía la extradición de militares en que esa norma "vulneraba el principio de igualdad ante la ley".

"El trámite judicial será el imperante y el que resolverá cada uno de los aspectos vinculados a esa materia", enfatizó Fernández. Beliz aseguró que Kirchner consideró que el decreto anterior resultaba "inconveniente y, además, que vulneraba el principio de igualdad ante la ley".

Bielsa concluyó: "En realidad, lo que hace este decreto es retornar al sistema de la ley 24.767, que no distingue el tipo de delitos, y al principio de igualdad ante la ley".