Puntos salientes del decreto que le da vía libre al juez Garzón

Los siguientes son los puntos principales del decreto 420, que autoriza la extradición de ex represores para ser juzgado en el exterior por violación de los derechos humanos durante la última dictadura.

Firmada ayer por el presidente, Néstor Kirchner; el jefe de Gabinete, Alberto Fernández; el ministro de Justicia, Gustavo Beliz, y el canciller, Rafael Bielsa, la norma dispone "la obligatoriedad del trámite judicial a las solicitudes requeridas en el marco de la ley 24.767 (de cooperación internacional en materia penal y extradición), que deberá efectivizarse a través del Ministerio Público Fiscal".

El artículo 2 establece la derogación del decreto 1.581, firmado por el ex presidente Fernando de la Rúa el 5 de diciembre del 2001 y que impedía la extradición de ex represores para ser juzgados en otros países bajo el principio de territorialidad.

El gobierno consideró que el citado decreto "implica una seria violación a la igualdad" porque los ex represores que actuaron durante la dictadura que tienen pedido de extradición "gozarían de mejores y más extensos derechos que el resto de los ciudadanos".

En los considerandos también se establece que la norma derogada choca contra los límites planteados por el artículo 109 de la Constitución nacional, que dispone que el Poder Ejecutivo "no puede ejercer funciones judiciales o arrogarse el conocimiento de causas pendientes".

"El vallado que el decreto 1.581/01 impone resulta inadmisible desde la perspectiva del juego armónico de la división de poderes republicanos. No puede el Poder Ejecutivo arrogarse facultades propias de los jueces", argumenta el texto firmado por Kirchner. Se advierte, además, que la norma anterior entra en "colisión" con la ley de cooperación internacional en materia penal.

Kirchner justifica su decisión de derogar el decreto De la Rúa para retomar "la mejor tradición de respeto a los derechos humanos y de equilibrado juego de la división republicana de los poderes".