Habilitarían las extradiciones esta semana

El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, alertó ayer sobre la posibilidad de que el presidente Néstor Kirchner firme esta semana la derogación del decreto que prohíbe la extradición a militares acusados en el exterior por delitos de lesa humanidad.

"Esa decisión la va a tomar el presidente, quien ha dicho insistentemente que las extradiciones son un tema que debe resolver la Justicia, y creo que eso es lo correcto", afirmó Fernández.

Aunque luego comentó que, en todo caso, "en el peor de los casos" una medida de ese tipo (la derogación del polémico decreto) "pone las cosas en su estado original, que es que la Justicia resuelva".

Aunque breve, el comentario de Fernández avanzó en lo que ya parece un secreto a voces: que Kirchner derogará el decreto 1.581, firmado en 2001 por el entonces presidente Fernando de la Rúa para cerrarles las puesta a los pedidos de extradición de ex represores.

Las declaraciones del ministro se suman a un pronunciamiento similar del canciller Rafael Bielsa, quien días atrás adelantó que "en los próximos días habrá novedades" sobre la cuestión. Diversas fuentes aseguran que Kirchner ya tomó la decisión de dejar sin efecto el mencionado decreto, pero aún analiza los tiempos para su derogación y mensura cuáles serán las consecuencias reales de esa medida.

Voceros de la Casa Rosada manifestaron que Kirchner preferiría aguardar un pronunciamiento de la Corte sobre la validez de las leyes de obediencia debida y punto final antes de derogar el decreto mediante el cual De la Rúa evitó que prosperaran los pedidos de extradición remitidos desde España, Alemania e Italia.

En otro orden, fuentes tribunalicias confirmaron que el juez Reynaldo Rodríguez dispuso la realización de una serie de declaraciones testimoniales con el fin de avanzar en una denuncia sobre presuntos hechos acontecidos durante la última dictadura militar en la localidad santafesina de Helvecia.

Según el Consultor Web, las fuentes consignaron que las actuaciones forman parte de la denuncia presentada por Antonio Ruóppolo, quien realizó una demanda judicial contra una serie de ex autoridades políticas y policiales de Helvecia durante la última dictadura, a quienes responsabilizó por realizar o avalar torturas en dependencias de la fuerza.

El juez habría dispuesto la realización de al menos seis testimoniales entre el 29 y el 31 de julio. Entre las personas citadas se encuentran familiares de presuntas víctimas de dichos tormentos así como algunas autoridades policiales de aquellos años en la mencionada localidad.