El canciller Bielsa prometió que en los próximos días habrá novedades

El gobierno supedita las extradiciones a un fallo de la Corte

El máximo tribunal de Justicia aún debe resolver si confirma o revoca las leyes de punto final y obediencia debida

El canciller Rafael Bielsa dijo que "en los próximos días habrá novedades" en torno a la derogación del decreto que impide las extradiciones a ex represores ya que el gobierno ataría esa decisión a la sentencia que dictará la Corte Suprema de Justicia sobre la validez de las leyes de obediencia debida y punto final.

El máximo tribunal debe confirmar o revocar las resoluciones mediante las cuales la Cámara Federal porteña declaró la nulidad de las leyes del perdón por considerarlas anticonstitucionales.

Si la Corte comparte el criterio de la Cámara, en los Tribunales se abrirán cientos de nuevos juicios a ex represores, que así quedarán a disposición de la Justicia argentina y no podrán ser extraditados por requerimiento de jueces extranjeros.

En cambio, si la Corte declara que las leyes de obediencia debida y punto final continúan vigentes, los militares, civiles y policías protegidos por las normas de impunidad podrán ser sometidos a juicio en el exterior. En ese caso, las extradiciones prosperarán sólo si el presidente Néstor Kirchner deroga el decreto 1.581, dictado en diciembre de 2001 por el entonces jefe del Estado Fernando de la Rúa.

Por eso, aunque Kirchner ya tomó la decisión de dejar sin efecto el decreto 1.581, aún analiza los tiempos para proceder a su derogación y mensura cuáles serán las consecuencias reales de esa medida.

"Es una conjetura, pero lo que seguramente vamos a tener en los próximos días serán novedades", dijo ayer Bielsa al ser consultado sobre las decisiones que adoptará el gobierno respecto de los pedidos de extradición a ex represores.

Voceros de la Casa Rosada manifestaron que, en realidad, Kirchner preferiría aguardar un pronunciamiento de la Corte antes de derogar el decreto mediante el cual De la Rúa evitó que prosperaran los pedidos de extradición remitidos desde España, Alemania e Italia.

Sin embargo la Corte no tiene plazos para resolver el asunto y existen dos cuestiones que obligarán a retardar aún más cualquier decisión: hay un cargo vacante en el máximo tribunal que posiblemente será ocupado desde fines de agosto por el criminólogo Eugenio Zaffaroni y, además, pasado mañana comenzará el receso judicial de invierno.

Según fuentes judiciales, no existiría mayoría en la Corte para respaldar o anular las leyes de obediencia debida y punto final, con lo cual podría ser decisivo el voto que aporte Zaffaroni o quien asuma como ministro del cuerpo.

En las últimas horas, el jefe del Ejército, Roberto Bendini, anticipó que el decreto 1.581 será derogado. Pero no precisó cuándo, porque de hecho Kirchner no tendría fecha para adoptar esa medida.

El juez español Baltasar Garzón, de la Audiencia Nacional de Madrid, reclamó al gobierno de Kirchner la captura y extradición de 46 ex represores.

Garzón conduce un proceso penal en España por genocidio y terrorismo de Estado en la dictadura argentina del período 1976-83. En base a un principio de territorialidad, los sucesivos gobiernos nacionales han negado asistencia al juez de Madrid, pero Kirchner podría cambiar esa histórica posición.

Además, tribunales de Alemania e Italia han requerido -sin éxito- la extradición de ex represores argentinos, mientras la Justicia de Francia llegó a condenar en ausencia al ex marino Alfredo Astiz por el secuestro y desaparición en Argentina de dos religiosas galas.

Bielsa con su par española, Ana Palacio.