Conflicto con la comunidad

Cerraron un instituto en Máximo Paz

El juez villense Juan Carmona se refirió a las fisuras del sistema de minoridad entre el Estado y las ONGs

Silvia Carafa / La Capital

Máximo Paz.- "A veces, desde el Estado faltan políticas integrales para la minoridad y esos espacios los terminan asumiendo particulares o instituciones que no siempre son competentes. Y el Estado, además de subvencionar, tiene que supervisar si en esos hogares hay políticas acordes a la formación de los niños", manifestó el juez de menores villense Juan José Carmona, respecto de los institutos de menores que funcionan en la provincia, algunos de los cuales -como el que había en esta localidad- parecerían alejarse de lo que se entiende como una obra de bien.

La historia del Hogar San Miguel de Máximo Paz podría darse en cualquier otra población santafesina. Esta ONG funcionaba con un subsidio estatal pero, según vecinos paceños, "no tenía carácter positivo ni reparador" para trabajar con niños altamente vulnerables. Un grupo de pobladores quiso colaborar con la entidad para "superar los problemas y desencuentros" que había con la comunidad, pero la experiencia resultó fallida. El grupo de vecinos optó por presentar un informe ante Minoridad provincial, que luego optó por rescindir el contrato con la ONG que administraba el hogar, que fue cerrado.

El San Miguel funcionaba con una subvención de la Dirección Provincial del Menor, la Mujer y la Familia, que asignaba 114 pesos por mes y por cada una de las 20 plazas potenciales. Cuando la comisión de vecinos intentó comenzar su trabajo en el hogar, había sólo seis menores allí.

Los ciudadanos habían convocado a Carmona para que colaborara con la labor que pretendían realizar. El magistrado no encontró en el lugar "una intervención asistida por los saberes necesarios".

Aunque Carmona aclaró que la situación no escapaba al marco que suele signar ese tipo de instituciones y advirtió que las excepciones también existen, enfatizó que no cualquiera puede estar a cargo del trabajo fundamental que tienen que realizar estos hogares: transformar la subjetividad de niños que llegan con un doloroso aprendizaje de violencia.

Los niños alojados en el Hogar San Miguel provenían de situaciones consideradas, por diversos motivos, de riesgo social, como chicos en la calle por falta de contención familiar o por alguna transgresión. Algunos llegaban por orden de los juzgados de menores y otros a instancias de sus familiares.

"A veces sucede que sólo se preocupan por la presencia de los niños en el paisaje urbano, pero en este caso la comunidad estaba realmente preocupada por los chicos", enfatizó Carmona. Además, dijo que como los niños acarreaban una historia dolorosa, sugirió la conformación de un equipo de trabajo con distintas especialidades.

"La comisión de vecinos decía: estos chicos también son nuestros", recordó el magistrado y calificó la afirmación como un genuino punto de partida para encarar el trabajo con los niños en riesgo social. A pesar de que el grupo de ayuda ofrecía modos de intervención más apropiados no encontró cabida en el hogar y terminó por exponer la situación ante Minoridad.


Informe de situación
El informe que el Grupo de Ayuda del Hogar San Miguel elevó a Minoridad (del cual La Capital publicó una parte anteayer) señala que la institución permanecía cerrada de 13 a 16, tiempo durante el cual los niños eran derivados a realizar tareas de limpieza en la parroquia local. Entre las actividades estaba el barrido de veredas, limpieza del salón y del hall, pulido de metales, limpieza de piso y ordenamiento y cuidado del patio.

"Esto era considerado como terapia laboral por el cura párroco, que era el director de la institución", sostiene el escrito, que además indica que los niños se quejaban de la monotonía en la cual vivían, que carecían de juguetes, que no había horarios y los hábitos eran muy irregulares. Frecuentemente "se los veía deambular por la calle, aún en horarios inadecuados".

El juez Carmona habló de fisuras en el sistema.