Juan Lewis: "En Coronda no hay autoridad que pueda resolver algún reclamo"

Desde el Colegio de Abogados califican de "negligencia pasmosa" la falta de un juez de ejecución penal

"Que hayan pasado diecisiete meses sin que sea designado el juez de ejecución penal más importante de la provincia es una negligencia pasmosa. En la cárcel de Coronda no hay autoridad que pueda resolver de manera efectiva algún reclamo", dijo ayer el abogado Juan Lewis, coordinador del Sistema de Pasantías de Defensores de Ejecución Penitenciaria del Colegio de Abogados de Rosario.

Lewis se refirió de esa manera al reclamo de los presos de la Unidad 1, quienes presentaron un petitorio en el que demandan, entre otros puntos, la designación de un reemplazante para el juzgado de ejecución penal de esa cárcel -cuyo titular lleva diecisiete meses de licencia ininterrumpida- y la plena vigencia de la ley 24.660, de ejecución de la pena.

Hasta el momento, las funciones del juzgado de ejecución penal son desarrolladas teóricamente por los jueces de instrucción en turno en la ciudad de Santa Fe. En la práctica, según reconocieron voceros del Servicio Penitenciario, los magistrados "ni siquiera van a la cárcel".

"El juez de ejecución penal es el garante de los derechos del penado. Tiene competencia para solucionar todas las incidencias de la ejecución de la pena y cualquier problema que se suscite entre la administración penitenciaria y los internos. Es un trabajo específico que requiere tiempo y dedicación y que no pueden asumir otros jueces que ya de por sí tienen mucho trabajo, que no están en tema y que no visitan la cárcel", señaló Lewis.

En el marco de "una desatención completa", se registran casos de presos "que podrían gozar, porque les corresponde, de salidas transitorias o asistidas, pero no reciben esos beneficios porque no hay juez que considere esas cuestiones".


Sin control
Asimismo, la ausencia de un juez "implica que no hay quien verifique las condiciones bajo las cuales se impone una sanción disciplinaria; algunas son muy graves y puede haber contradicción entre los argumentos de la administración penitenciaria y los argumentos del sancionado, y eso lo tiene que solucionar un juez".

En la actualidad, "la resolución de cualquier reclamo en la cárcel de Coronda se dilata en el tiempo y cualquier solución llega tarde. Por lo general los penados cumplen las sanciones y lo que puede resolver el juez no importa".

Lewis afirmó que "sin duda, la situación incide en el malestar" de los presos. "Si a la gente le fastidia la lentitud de la Justicia, mucho más le irritará a las personas cuyo reclamo tiene que ver con la propia libertad", observó.

El coordinador del Sistema de Pasantías avaló asimismo el reclamo por la vigencia de la ley 24660. "Muchas garantías contenidas en esa ley se han ido diluyendo, no se aplican o están supeditadas al capricho de los operadores penitenciarios", dijo.

Por otra parte, Lewis consideró que los traslados de presos a Coronda "es el indicador de la ausencia de una política penitenciaria en la provincia de Santa Fe: descomprimen las comisarías para superpoblar una cárcel". En ese sentido, dijo que "la experiencia internacional habla de la conveniencia de no tener megacárceles, por el tratamiento del preso y por cuestiones de seguridad. Es totalmente incorrecto creer que la panacea es la construcción de nuevas cárceles; un buen comienzo sería empezar a cumplir la ley, por ejemplo la 24.660".

El Sistema de Pasantías funciona en las cárceles de la provincia en el marco de un convenio entre el Colegio de Abogados y el Ministerio de Gobierno. "Los pasantes prestan asesoramiento y representación jurídica gratuita a los presos condenados", dijo Lewis, quien coordina el Sistema junto con Hernán Botta y Alejo Molina.

En el petitorio, los presos de Coronda solicitaron asimismo la provisión de elementos a la enfermería del penal y recibir mejor atención médica, se quejaron de la escasez y la mala calidad de las comidas y pidieron que la cantina -administrada por el Servicio Penitenciario- ajuste sus precios a los valores comunes.

El penal de Coronda aloja a 1.500 presos.