Un registro provocó disputas entre transportistas de cargas

Una jueza federal de Rosario hizo lugar a una demanda de una entidad contra la aplicación del Ruta

La jueza federal de Rosario Sylvia Aramberri hizo lugar a una demanda contra el Estado por la inconstitucionalidad del Registro Unico de Transporte Automotor (Ruta). La presentación fue realizada por la entidad santafesina Transportadores Rurales Argentinos (TRA), que cuestiona el cobro de la inscripción en el trámite y el espíritu de la ley, a la que considera sólo como una herramienta recaudatoria.

La movida encarada por TRA amenaza con desatar un conflicto con las entidades nacionales del transporte de cargas como Fadeeac, Catac y CNTA, que son las encargadas de recepcionar los expedientes para acceder al Ruta y las cuales se mostraron conformes con la implementación del mismo.

La magistrada rosarina solicitó al Ministerio de la Producción y la Secretaría de Transporte de la Nación que informen en el término de diez días el control que estas dependencias ejercen en cuanto al cobro de la inscripción en el Ruta.

Debido a la feria judicial, el plazo comenzará a correr a partir del próximo 29 de julio y los demandantes creen que habrá novedades sobre el tema recién a mediados de agosto.

"Iniciamos una demanda por inconstitucionalidad primero para obtener certeza en cuanto al cobro de la inscripción en el Ruta y luego, como una cuestión de fondo, para que se revea su constitucionalidad, ya que creemos que este registro fue creado sólo con fines recaudatorios", precisó Marcos Andino, el abogado patrocinante de TRA.

El Ruta se puso en funcionamiento en julio del año pasado y consiste en un registro obligatorio para todas las empresas y vehículos que realicen transporte nacional e internacional de cargas. Como beneficios, los transportistas obtienen descuentos en las tarifas de peajes y acceso a un gasoil de precio diferenciado.

La entidad que nuclea a los transportadores rurales, que en principio adhirió a la medida, ahora cuestiona severamente la reglamentación de la ley del Ruta, que habilita a las entidades del transporte a cobrar hasta un máximo de diez pesos para cursar el expediente.

Andino explicó que "existe una anarquía total" en cuanto al cobro y "no hay controles sobre esto". Por lo tanto, "pedimos que se establezca con certeza cuál ese el importe que se debe pagar", dijo.

Las entidades nacionales del transporte cuestionaron la demanda que inició TRA ante la justicia porque consideran que el Ruta resulta beneficioso para el transporte de carga y permite elaborar un registro completo de prestadores y vehículos para las provincias que con esto podrán tener una herramienta para planificar políticas para el sector.

"Hay algunos grupos que ahora se oponen objetando la calidad de algunos centros de recepción cuando en realidad están tratando de evitar que se conozca su escasa representatividad", indicó Enrique Corsiglia, de Fadeeac.

Indicó que otra objeción al Ruta es la supuesta imposibilidad de cumplir con los requisitos de inscripción que obligaría a pequeños propietarios a abandonar la actividad. "Bajo ese demagógico argumento apenas se oculta el interés de algunos cargadores que hacen su agosto con la contratación de operadores informales", indicó el dirigente.

El cobro abrió la polémica entre transportistas.