Reflexiones

Alternancia y reforma política en Santa Fe

Osvaldo Iazzetta (*)

El sistema partidario santafesino comparte ciertos rasgos generales con el orden nacional pero, a diferencia de éste, reconoce la existencia de partidos que si bien no muestran una fuerte implantación territorial en el país, mantienen un peso significativo en el mapa político provincial (Partido Demócrata Progresista y Partido Socialista Popular). Desde luego, esta no es una característica privativa de Santa Fe, sino una tendencia observable también en otros distritos subnacionales: a medida que descendemos a este nivel cobran relevancia partidos provinciales, configurando así un escenario político más pluralista y fragmentado que en el orden nacional. Sin embargo, este formato pluralista convive en Santa Fe con una dinámica de partido predominante pues, como es sabido, el Partido Justicialista ha logrado mantenerse ininterrumpidamente en el Ejecutivo provincial desde la recuperación de la democracia en 1983.

De todos modos, es preciso resistir la tentación de una lectura unilateral que centre toda la explicación de lo ocurrido en la vocación de poder del partido predominante. En otros términos, la ausencia de alternancia durante los últimos veinte años no sólo revela la capacidad del Partido Justicialista para obtener una mayoría electoral persistente, sino también la incapacidad de las fuerzas partidarias rivales para coaligarse y ofrecer una alternativa aceptable en la competencia electoral. Ese predominio no resulta de proscripciones o trabas legales -más allá de las ventajas que el justicialismo ha sabido obtener de las cambiantes reglas de juego electoral- ni cuestiona el carácter democrático del régimen político provincial; tan sólo expresa la dinámica propia del sistema partidario en el marco de una competencia electoral sin restricciones.

Sin embargo, aunque la alternancia no constituye un requisito de la democracia, la permanencia indefinida de un partido en el gobierno instala, según Norberto Bobbio, una sensación de "democracia bloqueada" que muy poco contribuye a su perfeccionamiento institucional. Para expresarlo en otros términos, aunque no afecta el carácter democrático del régimen político reduce los incentivos para mejorar su calidad institucional.

Esa condición de partido predominante le ha restado motivación para impulsar reformas impostergables en el diseño institucional de la provincia. Sucede que, pese a sus déficit, esas mismas reglas institucionales le han permitido al Partido Justicialista permanecer ininterrumpidamente en el gobierno durante dos décadas. Aunque en ese lapso no han faltado propuestas de reforma de las reglas institucionales (orientadas tanto a la Constitución provincial de 1962 como a la legislación electoral vigente desde la denominada ley de Lemas), esas tentativas no han encontrado suficiente eco y carecen de un ámbito de debate propicio que les asegure mayor receptividad. Desde la lógica impermeable del "patriotismo de partido", ¿cuáles serían los incentivos para reformar las instituciones que han favorecido su permanencia en el gobierno? En cambio, desde una lectura que privilegie el interés general, resultaría insustentable el mantenimiento de dichas reglas sin reparar debidamente en el empobrecimiento de la calidad institucional que éstas acarrean para el conjunto. En cierto modo, la configuración de un sistema de partido predominante no sólo significó el "bloqueo" de la alternancia de partidos en el gobierno sino también de las tentativas de "innovación institucional" orientadas a redefinir las reglas de juego. Las instituciones políticas definen las reglas de juego de la práctica democrática pero éstas no son "neutras" y a ellas se aferran quienes han obtenido mayores gratificaciones y ventajas de su vigencia.

Una agenda de reformas de este carácter incluye cambios que implican algún tipo de "redistribución del poder" y, como señala la politóloga Ana María Mustapic, los individuos o los grupos difícilmente accedan en forma voluntaria a perder parte de lo que tienen. Por consiguiente, sería ingenuo suponer que quienes resulten perjudicados por estos cambios estén dispuestos a apoyarlos. En virtud de ello es preciso promover ámbitos de debate sobre estos temas y revertir el "bloqueo" al que se han visto sometidas las agendas reformistas en nuestra provincia durante la vigencia de la democracia. Resulta impostergable ampliar este debate en un doble sentido: en primer término, expandiendo su alcance público y en segundo lugar, ampliando los contenidos de esa agenda de discusión, superando el empobrecimiento al que ésta fue sometida en nombre de una "reforma política" escasamente interesada en subordinar sus innovaciones a la búsqueda de una mejora del vínculo de representación o las posibilidades de participación de fuerzas minoritarias, entre otras cuestiones. Es tiempo de propiciar un amplio debate público sobre esta agenda reformista aspirando a que la misma adquiera densidad y legitimidad para convertirse, finalmente, en una agenda gubernamental de nuestra provincia.

(*) Profesor de la Facultad de Ciencia Política e investigador del Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Rosario