Denuncian por "estafa" a la constructora del puente

El titular de la Asamblea por los Derechos Sociales (ADS), Aníbal Faccendini, presentó ayer en los Tribunales Federales una denuncia penal contra funcionarios públicos y la empresa Puentes del Litoral, concesionaria de la conexión a Victoria. Los delitos que se habrían cometido -según consta en la demanda- son "malversación de fondos, estafa e incumplimiento del deber de funcionario público".

En el escrito que ingresó en la fiscalía federal Nº2, a cargo del fiscal Francisco Sosa, consta que existen "serias irregularidades en la inversión real del puente". Faccendini decidió recurrir a la Justicia porque consideró que "es necesario que se investigue cuál es el valor de la obra, y a partir de allí constatar si la empresa incumplió con el contrato".

La idea de llevar el tema al ámbito judicial surgió luego de conocerse los resultados de una auditoría realizada por la Universidad de Buenos Aires (UBA) a pedido del Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi). Ese informe revelaba que el valor del puente Rosario-Victoria estaba inflado un 10 por ciento de su costo.

Según el estudio, existen marcadas diferencias entre los números proyectados en el contrato de concesión y el valor en sí de la obra. De hecho, el presupuesto se fijó en 377 millones de pesos (era convertibilidad), cuando en realidad el valor invertido fue de 344 millones.

Además, en el informe se constató que los primeros 42,9 millones de pesos que cobró la concesionaria nunca tuvieron la correspondiente contrapartida física que los justificara.

En el estudio de costos que produjeron los técnicos de la UBA surgieron también algunas perlitas. En el rubro "movilización", por ejemplo, la auditoría pondera 19 millones de pesos en gastos, pero Puentes del Litoral lo imputó en más de 35 millones de pesos.

"Queremos que se investigue qué pasó con esa plata. Para empezar a hacerlo es necesario que la Justicia cite en calidad de testigos al diputado nacional por el socialismo Rubén Giustiniani, quien sigue con detenimiento el caso; al titular de la Auditoría General de la Nación (AGN) y al director del Occovi", detalló Faccendini.

Para el representante de ADS, "el incumplimiento de la empresa fue avalado por funcionarios públicos. Por eso no puede dejar de hablarse de corrupción. Es necesario que se indague para comprobar si efectivamente se cometió delito, porque siempre queda una sensación de impunidad", remató.