Pese a la huelga de los estatales, Lula afirma que las reformas no se detendrán

El paro, el primero contra el gobierno, fue por los cambios en las pensiones públicas. El acatamiento fue parcial

Brasilia. - Los empleados estatales de Brasil, votantes históricos del oficialista Partido de los Trabajadores, se plegaron parcialmente ayer a una huelga contra la reforma de pensiones públicas que impulsa el gobierno, que, pese a la protesta, no está dispuesto a deponer. La huelga, la primera contra el gobierno de centroizquierda del presidente Luiz Inacio Lula da Silva, se sintió especialmente en universidades públicas y en el importante puerto de Santos, en el Estado de San Pablo. En otros órganos federales, como el Banco Central y los ministerios, la medida tuvo un acatamiento sólo parcial.

El gobierno de Lula, un ex líder sindical promotor de huelgas, dijo que la paralización no cambiaría sus planes de reforma del oneroso sistema de pensiones públicas, que sólo el año pasado le costó a las arcas del Estado más de 19.000 millones de dólares, más de un 4% del Producto Interno Bruto. Pese a ello, el mandatario, quien asumió en enero, aclaró que respetaba el derecho de los trabajadores a manifestarse. "La huelga es un derecho universal de los trabajadores", expresó Lula en San Pablo. El mandatario desestimó además que la huelga afecte las votaciones que debe realizar el Congreso para probar la reforma, declarada prioridad por el gobierno. "Interferiría si los diputados hicieran huelga", dijo Lula.

El ministro jefe de la Casa Civil, José Dirceu -uno de los funcionarios más poderosos del gobierno- comentó por su parte que la administración no se siente presionada por la huelga y que "cualquier cambio en la reforma depende del Congreso. La huelga es un derecho de los trabajadores, en el marco de la ley. Evidentemente, ellos tendrán que asumir las consecuencias administrativas", expresó Dirceu.

El gobierno logró conformar una mayoría en el Cámara baja que le permitiría aprobar la reforma del sistema, que busca aumentar la edad de retiro de los trabajadores del Estado e imponer una contribución al sistema a los empleados ya jubilados, entre otras polémicas cláusulas. El actual sistema de pensiones públicas garantiza a los trabajadores estatales de Brasil percibir como jubilación mensual un monto igual al de su ultimo salario en forma íntegra, mientras que unos 40 millones de personas no tienen acceso en el país a ningún tipo de jubilación.

Otros 16 millones de trabajadores jubilados del sector privado -de un total de 21 millones- reciben como beneficio apenas 240 reales (83 dólares) al mes. El ministro de Hacienda, Antonio Palocci, defendió la reforma como una necesidad ya que, indicó, sin cambios el sistema quiebra.


Acatamiento dispar
La previsión de los sindicatos de trabajadores estatales que convocaron a la medida era que cerca de medio millón de empleados públicos se sumen a la huelga por tiempo indeterminado, para presionar al gobierno a retirar del Congreso su propuesta de reforma jubilatoria. Pero la propuesta de retiro de la reforma generó divisiones entre los sindicatos brasileños, ya que algunos, como la poderosa central de trabajadores CUT -ligada al PT- viene negociando cambios en la propuesta oficial con los legisladores, en un intento por suavizar la pérdida de beneficios.

Ezequiel Nascimento, coordinador del sindicato de trabajadores del Poder Legislativo, explicó que la huelga no tuvo pleno éxito debido a la propuesta de retirar la reforma. Pese a ello, su gremio recorrió la sede del Congreso, en Brasilia, al grito de "reforma es privatización". Días atrás, representantes sindicales habían entregado al presidente de la Cámara de Diputados varias propuestas para realizar 11 cambios al proyecto original, que busca un ahorro para el Estado brasileño de unos 19.000 millones de dólares en tres décadas.

Analistas dijeron que la huelga no conseguirá su objetivo de retirar del Congreso la propuesta de reforma y que lo máximo que podría lograr es que el gobierno acceda a negociar algunos puntos. En la capital Brasilia, en muchos edificios del gobierno federal trabajadores ingresaron a las oficinas en forma normal, pasando entre megáfonos y carteles que los instaban a adherirse a la huelga y salvar sus beneficios.

En San Paulo, en tanto, cerca de 80% de los inspectores del ente recaudador de impuestos y de la aduana se plegaron a la medida por 72 horas. Las terminales aduaneros del mayor aeropuerto del país sólo liberaron productos perecederos, mientras en el puerto de Santos se descargaron exclusivamente cargas especiales. Funcionarios de la aduana dijeron que la paralización de actividades podría retrasar el ingreso al país de trigo, aunque descartaron problemas en los embarques de productos como soja, café y azúcar, de los que Brasil es un fuerte productor. Los empleados del oficial Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) también se adhirieron masivamente a la huelga, al igual que los 4.000 empleados no docentes de la Universidad de Brasilia. (AFP y DPA)

Trabajadores estatales protestan en Brasilia.