El gobierno encontró, al menos momentáneamente, un tácito aliado en el sindicalista Hugo Moyano en su lucha contra Luis Barrionuevo por el Pami al sostener el camionero que "no hay nada que resistir" ante las facultades del Ejecutivo en la designación de autoridades en esa obra social.
Si bien aclaró que "todavía no es oficial" el ingreso de un representante de la CGT disidente que lidera, Moyano recordó que en su visita de la semana pasada a la Casa Rosada el presidente Néstor Kirchner "dio instrucciones" al ministro de Trabajo, Carlos Tomada, para que el lugar vaya hacia esa central sindical. "No hay nada que resistir, hay que acatar las decisiones de quienes tienen las facultades de nominar los hombres para cumplir funciones", dijo Moyano sobre las afirmaciones de Barrionuevo.
De confirmarse el ingreso de un delegado de la CGT disidente (se habla de Juan Carlos Schmidt), no sólo el gobierno estaría minando la "resistencia" que dice realizará Barrionuevo sino también afectaría a la CGT oficial, ya que perdería un representante.
Ultimátum
Por otro lado, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, arremetió con la decisión de gobierno de sacar a los ocho gerentes que tiene el Pami en su relación con los prestadores. "O se van o se interviene", dijo a modo de ultimátum, aunque para concretar la últimas de esas variantes el gobierno deberá esperar el proyecto que habilita al Ejecutivo la intervención.
De esta forma, el gobierno no sólo nombraría a dos directores y obligaría a cambiar a otros dos sino que también sería el encargado de ubicar a los nuevos hombres que manejarán las prestaciones, a partir de una nueva normativa interna, a lo que Fernández llamó "herramientas". Dijo que "hay prestaciones médicas que vienen de un hombre que pertenece a las prestadoras".
Pero tampoco se descarta que haya más cambios. Fernández aludió al pasar a los siete directores que hoy representan a los jubilados en el directorio. "Es importante que el Pami esté controlado por los jubilados pero que tengan toda la información. Si son jubilados que hoy no conocen la información real es probable que le presenten otra cosa y la suscriban en contra de su propio pensamiento", manifestó.
Si bien la administración kirchnerista sigue a la espera de la definición de la CGT oficial y aguarda el avance esta semana en el Senado del proyecto que habilita al Ejecutivo a intervenir (se trataría mañana en tablas), Fernández dio muestras de que ya se piensa en el tercer nivel de incisión, el de las gerencias y prestadoras y normatizar muchos de los procedimientos del Pami. "No hay manuales de procedimientos a las prestadoras, no hay cronograma de pago, hay 150 millones de pesos detenidos en débitos que nunca se hicieron", enumeró el ministro. (DyN)
La Ciudad
