El ex presidente Fernando de la Rúa, que afronta cargos por los cinco asesinatos cometidos en pleno centro porteño el día de su renuncia, fue convocado a declarar hoy en calidad de imputado pero espera que la jueza federal María Servini de Cubría suspenda la indagatoria.
La defensa del ex mandatario será notificada a partir de las 8.30 sobre la decisión que adoptará Servini, quien citó a De la Rúa a una audiencia fijada para hoy a las 11.
Los abogados Fernando Díaz Cantón y Zenón Ceballos, representantes de De la Rúa, pidieron la semana pasada una postergación de la audiencia y Servini les informará hoy a primera hora si acepta o no el aplazamiento de la indagatoria, dijeron fuentes judiciales.
El radical afronta cargos por cinco homicidios culposos y lesiones a 227 manifestantes que el jueves 20 de diciembre de 2001 fueron duramente reprimidos por la Policía Federal en las inmediaciones de la Casa Rosada, en la cual De la Rúa pasó aquel día su última jornada como jefe del Estado.
Pasadas las 18 del penúltimo jueves del 2001 De la Rúa renunció a la Presidencia con apenas la mitad de su mandato cumplido y en medio de saqueos y protestas que causaron 33 muertes en todo el país, cinco de las cuales se produjeron a metros de la Casa de Gobierno.
De la Rúa ha recurrido a la Corte Suprema de Justicia para evitar ser indagado por los crímenes, pero Servini lo citó a declarar de todos modos porque así lo dispuso la Cámara Federal porteña.
Por presunto fraude
Paralelamente el juez de instrucción penal Mariano Bergés ordenó la declaración indagatoria de De la Rúa en el marco de un proceso penal por presunto fraude a ahorristas perjudicados por corralito bancario. Esa audiencia fue dispuesta para mañana pero se presume que la defensa arriesgará algún recurso para que el magistrado postergue el trámite.
La defensa ya recusó sin éxito a Bergés, que procesó a De la Rúa en otro expediente: el que ventila presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación a la empresa Covimet de la explotación de la autopista Arturo Illia. Ese contrato, ahora rescindido, se concretó cuando el radical era jefe del Gobierno porteño.
Ante Servini, en tanto, el ex presidente planteó que fue víctima de una conspiración política orquestada por peronistas y radicales para desplazarlo del poder. Con esa estrategia defensiva, pidió a la jueza que antes de tomarle declaración indagatoria interrogue, como testigos, al ex jefe de Gabinete del gobierno de la Alianza, Chrystian Colombo, el ex jefe de la Side Carlos Becerra y el operador político Enrique Coti Nosiglia, entre otros.
"Hay que determinar si existió o no un plan político", escribieron los abogados del ex presidente, que ha asegurado ante la Justicia que la violencia que enmarcó su traumática salida del gobierno fue producto de un complot.
La fiscalía y la Cámara Federal porteña adjudicaron responsabilidad penal a De la Rúa en la represión policial que el 20 de diciembre de 2001 provocó la muerte de los manifestantes Diego Lamagna, Gastón Riva, Carlos Almirón, Gustavo Benedetto y Alberto Márquez. De la Rúa dijo que ignoró los hechos de violencia hasta la noche del jueves, cuando ya había presentado la renuncia y dejó la Casa Rosada luego de apenas dos años de mandato.
Pero los fiscales Luis Comparatore y Patricio Evers rechazaron la explicación del ex presidente y señalaron que "las autoridades políticas del momento tenían pleno conocimiento del abusivo accionar policial: obtenían información de la propia Policía Federal, de la Secretaría de Inteligencia y por los medios masivos de prensa".
La Ciudad
