La inhabilitación de 17 frigoríficos para exportar carne vacuna a Europa dispuesta por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) provocó protestas de trabajadores, con cortes de ruta en Mar del Plata y Córdoba, y sumó el pedido de cambio de la conducción del organismo sanitario por parte del ex secretario de Agricultura Rafael Delpech. En tanto, el consorcio exportador de carnes ABC respaldó la decisión oficial.
Aproximadamente 400 trabajadores del frigorífico Sadowa, una de las plantas suspendidas, cortaron este mediodía la autovía 2, en el ingreso a la ciudad de Mar del Plata, en protesta contra la resolución del organismo nacional que dejó a la empresa sin la posibilidad de exportar carnes de calidad a Europa.
"No queremos perjudicar a nadie, pero esta resolución del Senasa nos deja prácticamente en la calle, porque nuestro frigorífico es exclusivamente exportador", dijo el titular del Sindicato de la Carne marplatense, Pedro Lacuadra Montiel.
Ayer, el organismo que preside Bernardo Cané informó oficialmente que 17 frigoríficos quedaban "deslistados" de los envíos a Europa y que se incorporaban 11 establecimientos, quedando habilitados para exportar carne 58 plantas.
Ante esta determinación, el subsecretario de Desarrollo Agropecuario y Ganadería bonaerense, Jorge Larreche, advirtió que la medida afecta mayoritariamente a frigoríficos que se hallan en jurisdicción de la provincia de Buenos Aires y "pone en riesgo los puestos laborales directos e indirectos de 3.000 trabajadores".
El funcionario indicó que el procedimiento impulsado por el Senasa "genera dudas sobre cómo se implementarán formalmente las inhabilitaciones y suspensiones que preocupan a gran parte de la industria, porque la información disponible no es oficial, sino que fue expresada a los medios por un grupo de empresarios del sector".
Larreche aludió así al hecho de que el anuncio de las suspensiones fue realizado por Luis Bameule, presidente del frigorífico Quickfood y vicepresidente del Argentine Beef Corporation (ABC), que agrupa a las empresas exportadoras más grandes del sector y acompañan la resolución del Senasa.
También los trabajadores del frigorífico Estancias del Sur, ubicado en Unquillo, Córdoba, excluído de la cuota Hilton por disposición del Senasa, ocuparon pacíficamente la planta y mantuvieron cortada la ruta provincial que interconecta esa localidad serrana con la capital provincial.
"La destrucción del Senasa"
Los directivos del grupo Rexcel, a cargo de la administración de la planta, de suspender las faenas, lo cual generó preocupación entre los 550 operarios de la planta por su continuidad laboral. Como anticipo del reclamo judicial, los directivos de la planta presentaron ante el juez federal de Córdoba Ricardo Bustos Fierro una denuncia por "desacato" contra el titular del Senasa, extensiva al secretario de Agricultura de la Nación, Miguel Campos.
A su vez, el ex secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos Rafael Delpech señaló que "la suspensión de las plantas frigoríficas es consecuencia de la destrucción institucional del Senasa que denunciamos hace mucho tiempo".
"Si hay nuevos vientos para oxigenar la Corte Suprema de Justicia, el Pami y la Ansés no entiendo porqué no ocurre lo mismo con el Senasa", que preside Cané, indicó el ex funcionario.
En cambio, la decisión del Senasa fue respaldada por el consorcio de exportadores de carne de la Argentina, ABC, que nuclea al 95% de los frigoríficos que colocan sus productos al exterior. La entidad aclaró que los criterios para habilitar plantas para exportación "se establecen en la normativa local", de acuerdo a "directrices y exigencias sanitarias de los mercados de destino".
"Si estas (normas) no se observaran, se corre el peligro de que nuestro país, al permitir tales irregularidades, pierda la posibilidad de comercializar con esos mercados", indicaron los empresarios Luis Bameule (Quikfood), Mario Ravettino y Héctor Salamanco, directivos de ABC y de asociación de Industriales de la Carne.
Asimismo, graficaron que todas las empresas cuentan con un marco normativo y procedimientos que puede emplear para dirimir diferencias de criterios con la administración y asumir la defensa si entendieran que sus intereses fueron inadecuadamente vulnerados, ya que el régimen administrativo vigente "tiene previstos procedimientos para canalizar estos reclamos".
La Ciudad
