Los familiares de un grupo de jóvenes asesinados en el desenlace de distintos episodios todavía no aclarados se unieron con un reclamo común: la inseguridad en los diferentes barrios de la ciudad y un pedido de agilización de las investigaciones judiciales y del aumento de las penas para los responsables de los crímenes.
La incipiente comisión que conformaron ayer a la mañana hizo su presentación oficial en las escalinatas de los Tribunales provinciales. Los familiares José Luis Amarillo, Carlos Gauna, Claudio Pocho Lepratti, Juan Alberto Rueda, Carlos Fernando Achával y Clemente Aronna, que murió tras ser atropellado en Venado Tuerto, ingresaron al recinto judicial no sólo para expresar su ruego de salir a la calle sin perder la vida sino para quejarse de los que ellos consideran en algunos casos "desidia" del Poder Judicial para resolver las causas.
"Si bien el caso de Carlos es distinto porque está acusado de su muerte un policía, nosotros participamos porque creemos que el pedido por la inseguridad es necesario", comentó Gladis Gauna.
Otro de los que fogonean la iniciativa es Jorge Amarillo, cuyo hijo fue asesinado en un descampado vecino a la comisaría 30ª. El hombre sostuvo que la comisión plantea una mayor dureza en las sanciones a los autores de delitos violentos como homicidios. "Queremos que se modifique el Código Penal para que aumenten las condenas y que se dupliquen en el caso de que los responsables sean policías, integrantes de fuerzas de seguridad o custodios privados", dijo.
Amarillo comentó que los familiares de chicos asesinados planean reunirse con la entidad que a nivel nacional preside Gladys de Cabezas, la madre del fotógrafo ultimado en Pinamar, y que ya presentó un petitorio de catorce puntos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Ayer a la mañana también estuvo en los Tribunales Ana Braghieri, la madre de Clemente Aronna, el chico que fue atropellado el 8 de septiembre de 1999 por un móvil policial en Venado Tuerto. En un primer momento, el suceso fue presentado como un accidente, pero después los parientes aseguraron que se trató de un homicidio. En consonancia con esta posición, la mujer presentó una denuncia por encubrimiento y desidia, en la Corte de Justicia provincial, que involucra al juez de instrucción Hugo Perassi y los camaristas Juan Carlos Rosso y Rodolfo García Méndez de la Cámara de Apelaciones de esa ciudad.
El objetivo es "seguir juntando firmas" de otros parientes de personas que murieron por las balas disparadas por delincuentes o policías para después reunirse con el gobernador Carlos Reutemann; el ministro de Gobierno, Carlos Carranza, y el intendente Hermes Binner.
Gladis Gauna, la madre de Carlos, el joven que murió el 9 de agosto pasado cuando recibió un balazo disparado por un policía, señaló que la fiscal que entiende en el caso solicitó al juez de instrucción Luis Caterina que se "realice una pericia para establecer a qué uniformado pertenecía el arma" con la que mataron al chico. Otra de las medidas pedidas es la declaración como imputado del efectivo involucrado en el caso. La funcionaria judicial también solicitó la reconstrucción del episodio.
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La Ciudad
