La Justicia provincial estaría en condiciones de definir esta semana el cese de la intervención de un veedor en la Asociación Odontológica de Rosario (Asor). La decisión judicial podría darse por no haber encontrado motivos valederos para que el funcionario se siga desempeñando como tal en esa institución.
El caso reviste particular importancia para una comunidad profesional que en la ciudad no es menor a los mil odontólogos, ya que Asor cuenta actualmente con contratos celebrados con noventa obras sociales de la zona.
En su momento, un grupo de socios de la entidad había cuestionado la legitimidad de la comisión directiva, y por ello también había reclamado la medida judicial de un interventor. A la vez, se había solicitado llevar adelante una investigación para determinar si se había registrado un faltante o un mal manejo de 800 mil pesos de caja.
Nunca se probó
Fue la jueza en lo civil y comercial Marta Gurdulich la que resolvió favorablemente el pedido.
Sin embargo, la irregularidad contable nunca se logró comprobar (el Iapos, la obra social de los empleados públicos provinciales, también colocó auditores propios que certificaron que las cuentas se encontraban en orden) y por lo tanto la razón del veedor judicial sería ya difícil de sostener.
Es más, se señala que en la actualidad Asor es la única entidad prestadora en todo el país que informa a través de su página web el día en que las obras sociales liquidan las prestaciones.
De esa manera se logra disipar cualquier tipo de sospechas de retenciones de fondos, que siempre existen en estos casos.
Ahora, la que estaría a punto de resolver la cuestión es la II Cámara de Apelaciones.
La Ciudad
