El juez federal Jorge Ballestero procesó ayer por presunto fraude al Estado a los ex ministros de Educación durante el gobierno menemista, Susana Decibe y Manuel García Solá, además de imponerles un embargo de 400 mil pesos a cada uno, se indicó en los tribunales.
La resolución también alcanzó en los mismos términos al ex subsecretario de Administración del Palacio Pizzurno, José Elisardo Fortes, al encuestador Hugo Haime, que había sido contratado para la realización de estudios de opinión, y a dos empleados de su consultora.
En diciembre de 2001, Ballestero había dictado la falta de mérito hacia los imputados, pero el fiscal Carlos Cearras apeló esa resolución ante la Cámara Federal y este tribunal revocó el fallo y le ordenó al juez que ahondara en las investigaciones.
Tanto Decibe como García Solá han sido procesados por supuesta administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública porque, según los investigadores, habrían contratado en forma directa sin necesidad, los servicios del encuestador Haime.
En sus declaraciones indagatorias, Decibe -el 1 de noviembre de 2001- reveló que la contratación de Haime había sido resuelta en una reunión del Gabinete nacional, mientras que García Solá asumió haber firmado los contratos cuestionados, pero descartó cualquier irregularidad y aseguró que resultaban necesarios en el desarrollo de la política educativa.
Según los investigadores, Fortes habría sido el encargado de adjudicar a Haime los estudios y, en ese sentido, en el expediente hay una nota en la que éste le habría dicho al primero que "de acuerdo a lo conversado telefónicamente" le enviaba el presupuesto "para los estudios de opinión".
El papel de Decibe y García Solá, según las fuentes, era el de autorizar aquellos gastos, que habrían ascendido a unos 700.000 pesos, y se homologaron justo cuando los ciudadanos debían hacer frente al polémico impuesto del Fondo Nacional de Incentivo Docente destinado a mejorar el salario de los maestros.
La denuncia que dio origen a esta causa fue radicada por la Oficina Anticorrupción (OA), la cual consideró que los funcionarios públicos "actuaron beneficiando un interés privado", en referencia a la consultora, y contrataron estudios que no se usaron en "ninguno de los programas desarrollados por el ministerio".
Durante la gestión de Decibe y Solá entre 1996 y 1999 se habrían concretado cinco contratos con Haime, para que realizara encuestas, confiaron las fuentes, pero que en muchos casos se habrían superpuesto entre sí al punto que uno era sobre el "criterio" y otro por la "opinión" de la comunidad sobre la evaluación en el sistema educativo. La OA denunció las violaciones a las disposiciones que regulaban los contratos, relativas a los montos máximos que debían abonarse, y la total falta de utilidad de los trabajos contratados, que no habrían sido utilizados en el desarrollo de ninguno de los programas llevados adelante por el ministerio y que no se informaron al ministro los resultados alcanzados con los mismos. (DyN)
| |
La Ciudad
