Víctor Cagnin / La Capital
Justicia es una palabra que suele intimidar, ya sea por lo vasto de sus implicancias en la vida individual y colectiva, como por las limitaciones de cada uno y de conjunto para interpretarla sin error o bien para procurar que se la ejerza adecuadamente, para sí y para los demás. Sin embargo, en la medida en que cada uno rompa el temor y se exprese sobre lo que considere justo o injusto sin duda estará contribuyendo a su enriquecimiento, a su desarrollo, a una idea más aproximada de lo que necesitamos. Porque la justicia no debe ser propiedad ni creación de una elite, aunque mucho se lo pretenda, sino de la relación dinámica entre los actores sociales y los poderes.
La justicia puede ser el grito profundo de un grupo familiar pidiendo condena para quien les quitó la vida de un ser querido; mientras, al mismo tiempo, otro grupo familiar clama que no la hagan con la persona inocente. En cualquiera de los casos, siempre estará presente un entorno injusto, un cuadro social que nos revela individuos excluidos -laboral y educacionalmente- y sin contención afectiva. Una escena que el Estado, a través de sus respectivos poderes, debería observar con detenimiento para intentar modificarla.
Vulgarmente, muchos se escudan en el carácter divino de la justicia; más allá del tiempo, alguien tomará nota de todas estas inequidades y devolverá con creces aquello que les fue quitado o impedido (recordar a Jesús en El Sermón del Monte). Aunque generalmente se trata sólo de impotencia, de un consuelo para seguir adelante, un aprendizaje en el implacable mundo del bien y el mal, un golpe en contra que en el futuro no volverá a tomarlo desprevenido.
Desde lo académico se opina diferente. Para el filósofo y economista francés Guy Sorman -quien en la década del 80 solía estudiar en profundidad nuestra sociedad- en la escala de valores de los argentinos, la justicia se halla primera y es imprescindible contar con ella para poder tener expectativas de vida; mientras que en los Estados Unidos el valor primero es el progreso. La propia configuración del Partido Justicialista daría cuenta de ello, procurando contener y responder a las demandas económicas y sociales de las corrientes migratorias postergadas del interior del país. Pero paradójicamente, en nombre del justicialismo y en democracia, cinco décadas después se generó un estado de exclusión y desprotección sin precedentes. Y esto, desde luego, no lo dice ningún sociólogo, sino los datos del Indec de los últimos años.
En este sentido, siempre sirve recordar que estado de derecho implica estado democrático y viceversa; que igualdad y democracia son conceptos interactuantes, porque la democracia es la tarea constante por disminuir la brecha de desigualdades. "El Estado democrático debe garantizar a los sectores menos favorecidos el derecho de actuar, dentro de la ley, contra un orden desigual del que el Estado mismo forma parte", dice Alan Touraine en "Qué es la democracia", y para reforzar el concepto cita al liberal Ronald Dworkin, quien sostiene: "La igualdad política supone que los miembros más débiles de una comunidad política tienen derecho a una atención y a un respeto por parte de sus gobernantes iguales a los que los miembros más poderosos se confieren a sí mismos, de modo que si algunos individuos tienen la libertad de tomar decisiones, cualesquiera sean sus efectos sobre el bien común, todos los individuos deben tener la misma libertad".
Traemos estas citas sólo para mesurar o parangonar qué lejos o cerca estamos en la Argentina de su aplicación con la actual Corte Suprema de Justicia de la Nación y las cámaras de Diputados y Senadores. Y al mismo tiempo para poder entender por qué los actos del Poder Ejecutivo y su conducta en tres semanas de gobierno han despertado tanta esperanza y confianza en la población. Mientras el presidente de la Corte se aferra caprichosamente a mantener su condición privilegiada -lo cual podría interpretarse como el mantenimiento del viejo estado de privilegios de los poderosos- el presidente de la Nación acude a todos aquellos lugares donde los sectores más débiles piden urgentes respuestas. Y responde. Lo cual parece del orden sobrenatural y simplemente está actuando con el deber de la razón. No obstante, cuánto le cuesta a la clase política entender estos principios elementales en su ejercicio.
La justicia nos remite de nuevo al desafío de un país con reglas de juego precisas y transparentes para todos. Premios al esfuerzo y al mérito, castigo a la negligencia y la desidia. Respeto por las libertades individuales y soberanía popular. Independencia de los poderes y poderes bien constituidos. Donde cada día surjan más y más actores sociales dispuestos a trabajar contra las desigualdades, para convertirse en motores del desarrollo social.
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