Victoria. - El intendente Jorge Valverde y el secretario de Gobierno municipal, Darío Rivero, se abstuvieron de declarar ayer en una causa en la que están imputados de presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica. El expediente se refiere a supuestas irregularidades en el proceso licitatorio de la zona costanera y balnearia.
A principios de este año siete concejales realizaron una presentación ante la Fiscalía de Investigaciones de Victoria para que se investigaran presuntas anomalías en torno a las licitaciones de importantes áreas turísticas de la ciudad. En este sector se incluye el balneario municipal, una plazoleta enfrente de este predio, un local para comedor, baños públicos y parrilleros.
La licitación objetada (Nº 20/02) contiene en su desarrollo una serie de irregularidades que ameritaban causales de delitos penales, por lo cual los ediles -"antes de quedar como encubridores", dijo una concejala- decidieron ir a la Justicia. Entre las irregularidades aludidas se mencionó la aplicación de una ordenanza que contempla sólo las concesiones ordinarias en lugar de las turísticas. Como consecuencia de ello se concesionó el balneario a veinte años con una opción de diez más de prórroga, cuando en realidad se debería haber hecho por diez años con opción a cinco más.
Los ediles denunciaron además que habría habido una mala confección de los pliegos, que costaban 2.000 pesos (para hacer una comparación los del hotel Mayorazgo de Paraná costaron 700), y calificaron de "irrisorio el canon mensual de 250 pesos en temporada baja y 500 en la alta", montos que "no se podían modificar por cinco años".
Además se objetó la falta de garantía del único oferente -a la postre adjudicatario-, Manuel García, quien no tendría experiencia en el ramo, y se crítico que los pliegos no requerían obras importantes sino "prácticamente mantener las que estaban y algunas otras cosas irrelevantes".
Antes de la presentación judicial, los ediles sancionaron por unanimidad una ordenanza que declaraba la nulidad de todo el proceso licitatorio. El Ejecutivo, si bien la vetó, declaró la caducidad de la concesión otorgada a García.
Imputación
Tras la investigación de la fiscal Zulema de Benedetto, el juez de instrucción Jorge Brasesco imputó a Valverde por el presunto delito de violación de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica en concurso real. La resolución alcanzó a parte de su gabinete: además de Rivero, al titular de Planeamiento, Sebastián Berta, y el de Hacienda, Fabián Zorzábal.
Según la citación original, Valverde debía declarar el pasado lunes, pero no lo hizo por la renuncia de su abogado. Sin embargo, ayer se abstuvo de hacerlo, al igual que Rivero. Sí se presentó Berta y algunos ediles, en tanto que tres concejales están citados para hoy.
Una vez tomadas las indagatorias a imputados y testigos, el juez tiene diez días para resolver la situación, plazo que puede reducirse o extenderse según las necesidades del magistrado.
Informe: Lizi Domínguez
La Ciudad
