El gobierno nacional comenzó ayer a analizar con la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) los términos del waiver (perdón) que la Argentina debe solicitarle al organismo por incumplimientos en metas cualitativas del acuerdo firmado en enero. Es que la avanzada del organismo internacional llegó el mismo día en que se promulgó la ley que suspende por 90 días los remates por créditos hipotecarios.
El ministro de Economía, Roberto Lavagna, y los enviados del organismo comenzarán a negociar en torno de un nuevo acuerdo de corto plazo que le permita al gobierno refinanciar 6.100 millones de dólares que vencen entre septiembre y fin de año. Las conversaciones formales comenzarán hoy cuando arribe al país el subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental y jefe de la misión, John Dodsworth.
En las primeras reuniones que mantuvieron los enviados del Fondo Monetario con funcionarios del Palacio de Hacienda se habló sobre la promulgación de la ley para suspender por 90 días las ejecuciones de deudores hipotecarios pese a la oposición del organismo. La norma fue publicada ayer en el Boletín Oficial, por lo que quedó descartada definitivamente cualquier posibilidad de veto presidencial.
Según las autoridades argentinas, esta medida no afectará el proceso de normalización del sistema financiero porque el número de morosos no superaría los 16.000, pero el FMI mantiene sus objeciones.
"Un incumplimiento menor"
Para el ministro de Economía, Roberto Lavagna, es un "incumplimiento menor", pero en los hechos impidió que el organismo internacional aprobara la segunda revisión del acuerdo de corto plazo que vence a fines de agosto. De esta forma, el camino a transitar por el titular del Palacio de Hacienda es solicitar un waiver.
El jefe del Palacio de Hacienda insistió en que el problema es de menor cuantía y remarcó que la Argentina hizo reformas estructurales más importantes que las reclamadas por el FMI, lo cual, para el ministro, debe ser tenido en cuenta. Según trascendió extraoficialmente los primeros contactos no fueron muy positivos.
De la misión, ya llegó al país una avanzada presidida por el jefe del caso argentino, John Thornton, en tanto que Dodsworth arribará recién hoy. A diferencia de lo que se planteaba antes de las elecciones presidenciales, la aspiración de las partes pasaría ahora no por firmar un acuerdo estructural de largo plazo sino un compromiso que permita postergar pagos y que llegue hasta marzo próximo.
El convenio a corto plazo actualmente en vigencia permitió sólo la reprogramación de los vencimientos de pagos de deuda con organismos multilaterales y el nuevo acuerdo se firmaría bajo las mismas condiciones ya que sólo en 2004 se aprobaría un programa de asistencia a largo plazo con desembolso de fondos.
El ministro de Economía consideró "razonable" negociar un nuevo acuerdo de corto plazo, ya que esto otorgaría más tiempo al gobierno para lograr el consenso parlamentario necesario para aprobar las leyes y reformas que demanda el Fondo.
El acuerdo todavía vigente está siendo ampliamente cumplido en lo referente a metas fiscales. Aún resta, sin embargo, concretar otros puntos pendientes, como dar comienzo a la reforma fiscal e impositiva.
Los otros temas
Sumado a esto, el organismo desea conocer la situación legal de la compensación que el Estado debe otorgarle a los bancos por la indexación asimétrica de créditos. Respecto a este tema se aguardaban las definiciones que podían surgir del Congreso Nacional, donde la Comisión de Presupuesto y Hacienda inició en la tarde de ayer el tratamiento del proyecto de ley de reestructuración del sistema financiero.
La discusión también incluía la compensación por el pago de amparos judiciales, aunque en este caso la discusión es mucho más acotada porque se tienen registro más certeros de cada una de las operaciones y los montos involucrados.
El gobierno de Néstor Kirchner dispone de tres meses para renegociar un nuevo programa de asistencia y sólo nueve días después del cierre del acuerdo provisorio Argentina debe enfrentar el pago de un vencimiento impostergable al FMI por casi 3.000 millones de dólares, mientras que hasta fin de año tendrá que abonar unos 3.100 millones más.
La Ciudad
