"El círculo de la investigación penal contra el ex rector de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) Hugo Storero, se está cerrando, en el marco de las diligencias del Juzgado Federal Nº2 de Santa Fe sobre su tarea al frente de esa casa de altos estudios", dijo una alta fuente tribunalicia.
"Storero es uno de los tres rectores de la UNL que son investigados por presuntos delitos contra la administración pública en el período de 1990 a la fecha y está denunciado como jefe de una asociación ilícita", explicó la fuente.
"En su gestión, este ex rector continuó con la política de dispendio de los fondos universitarios para el pago de una estructura de personal extra creada por su antecesor Juan Carlos Hidalgo -también investigado- por medio de sus resoluciones 443/90 y 337/90, con las que fundó una planta política partidaria bajo la denominación de secretarías políticas, luego llamada autoridades superiores", explicó.
Según se indicó, "Hidalgo ordenó desafectar los cargos docentes que quedaban disponibles de las distintas facultades e institutos, para transferirlos como reserva del Rectorado con motivo del nuevo plantel de autoridades superiores".
"Esto significó que se desviaran fondos específicos que el Tesoro Nacional envía para la enseñanza universitaria al pago de sus correligionarios. Hidalgo se desempeña hoy como profesor full time con dedicación exclusiva en la UNL, con una exigencia semanal de 45 horas, pero simultáneamente en Buenos Aires está en el Consejo de Evaluación Universitaria del Ministerio de Educación de la Nación, donde debe cumplir 11 horas semanales. De esta forma acumula 56 horas semanales de trabajo en días hábiles, pero dentro de oficinas que están a una distancia de 480 kilómetros", relató la fuente.
También pudo saberse que "Storero renovó y amplió esta nueva planta política, a la que llamó como "planta de gestión". Mediante las planillas de liquidación de haberes quedó demostrado que este desborde presupuestario permitió que en 10 años se distrajeron fondos de la universidad por más de 40 millones de pesos, en la época de la paridad cambiaria".
Según la fuente, "en 1998 Storero entregó a miembros de su planta de gestión el manejo y fondos de las prestaciones médico-asistenciales de 13.000 afiliados de la obra social de la UNL, con la excusa de que la ley 24.741 los hace sujetos de derechos autónomos de las obras sociales universitarias. Pero todo esto sin que hasta la fecha hayan obtenido el registro de personería jurídica, sin que el Estado por medio del respectivo ente de contralor les haya aprobado un estatuto. Además no tienen libros sociales, de contabilidad ni padrón de afiliados. Esto pone a las claras de que se trata de un manejo espureo y discrecional de seis millones de pesos anuales destinados a la salud del personal universitario y su grupo familiar, con el consentimiento de las autoridades de la UNL".
Según la fuente, "en 1998 Storero entregó a miembros de su planta de gestión el manejo y fondos de las prestaciones médico-asistenciales de 13.000 afiliados de la obra social de la UNL, con la excusa de que la ley 24.741 los hace sujetos de derechos autónomos de las obras sociales universitarias. Pero todo esto sin que hasta la fecha hayan obtenido el registro de personería jurídica, sin que el Estado por medio del respectivo ente de contralor les haya aprobado un estatuto. Además no tienen libros sociales, de contabilidad ni padrón de afiliados. Esto pone a las claras de que se trata de un manejo espureo y discrecional de seis millones de pesos anuales destinados a la salud del personal universitario y su grupo familiar, con el consentimiento de las autoridades de la UNL".
Informe de la Sigén
Vaciamiento patrimonial
Vaciamiento patrimonial
Por otra parte, un informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigén) de noviembre de 2001 reveló que "Storero otorgó cajas chicas a sus correligionarios de la planta de gestión" y que "existen saldos pendientes de rendición desde 1994", no obstante continuaron recibiendo fondos.\El análisis de la Sigén también señala que durante la administración de Storero "los registros de la Dirección de Contrataciones se llevan en forma manual, en planillas, que en muchos casos presentan tachaduras, enmiendas, espacios en blanco, inscripciones en lápiz y abreviaturas de difícil interpretación".\La Sigén expresó que "la gravedad de las irregularidades advertidas permite afirmar que el procedimiento seguido no resulta ajustado a derecho".\La Sigén denunció que "existe un saldo impago por el concepto de contribuciones patronales por el régimen de seguridad social de los dependientes de la UNL de casi dos millones y medio de pesos por el período de noviembre de 1998 a agosto de 1999, durante la gestión de Storero".\El organismo señala que "no se hizo ningún tipo de previsión para afrontar su pago y que al no existir un depósito por el monto involucrado no puede determinarse si los fondos del Ministerio de Educación fueron utilizados para fines distintos a los originalmente asignados".\
La Ciudad
