El gobierno llamará a licitación para renovar la concesión de los 15 corredores viales, con rutas nacionales, cuyos contratos de explotación vencen el 31 de octubre. Los ministros de Economía, Roberto Lavagna, y de Planificación Federal, Julio de Vido, anunciaron ayer en conferencia de prensa que no aceptarán el período de prórroga que efectuaron las actuales concesionarias y adelantaron la intención del gobierno de convocar a nuevos concursos "bajo reglas más claras y transparentes y con tarifas mas acorde a la realidad".
"Contrato que se termina, contrato que se vuelve a licitar", sentenció De Vido al asegurar que "esta va a ser la política, en líneas generales, para los servicios públicos concesionados". A su lado, Lavagna advirtió que en las nuevas licitaciones no se aceptarán ofertas de los grupos que impulsen reclamos judiciales por la medida.
La medida incluye 10 mil kilómetros de rutas distribuidos en 15 corredores viales, que involucran a 19 rutas nacionales. Entre las vías de comunicación que incumben a Rosario se encuentran la 9 (autopista a Buenos Aires) y 33, a cargo de Servicios Viales; el tramo de la ruta 9 entre Rosario y Córdoba, a cargo de Covicentro; y la 34, entre Rosario y La Banda, explotada por Covinorte.
Los actuales concesionarios habían pedido una prórroga de los contratos por 30 meses y el otorgamiento de nuevos subsidios para obras previstas sin ejecutar, así como el mantenimiento y congelamiento del peaje, lo que fue rechazado por el gobierno nacional.
Varias de estas compañías pedían esta prórroga aduciendo que el Estado les adeudaba dinero en concepto de subsidios. Pero al mismo tiempo, el ministro Lavagna explicó que el gobierno les reclama a estas empresas por el incumplimiento de obras que promedia el 65% de lo pactado.
De Vido agregó que desde el lunes los equipos de Planificación y Economía comenzarán a trabajar en los nuevos pliegos que "reflejarán el perfil de concesionario que queremos". Explicó que se trata de pactar concesiones con términos "más claros y precisos" donde queden bien establecidas las obligaciones de ambas partes.
El titular de Planificación Federal destacó que "se elaborarán pliegos claros y concisos" para que las obras a realizar en estos 10.000 kilómetros ayuden a integrar estos corredores viales con las rutas no concesionadas y para que se logren "tarifas más acorde con la realidad".
Lavagna, por su parte, aclaró que el desempeño de las licenciatarias "será evaluado como antecedente" por las autoridades a la hora de elegir a quienes van a explotar estos caminos y consideró "un contrasentido" la posibilidad de que se acepte la presentación para explotar una de estas concesiones de una empresa que tiene demandas judiciales contra con el Estado.
Lavagna reconoció que existen demandas por incumplimiento contra el Estado, lo que podría llevar a las empresas, terminado el período de concesión, a reclamar el pago de la totalidad de la deuda, según establecen los pliegos.
"Pero también hay incumplimiento en el plan de obras y eso juega en favor del Estado", destacó el titular de Economía.
Ambos funcionarios destacaron que "la política de concesiones actual tienen fortalezas y debilidades" y reconocieron que las rutas mantenidas por los privados "están mejor mantenidas" que las que quedaron en manos del Estado.
Pero insistieron en la necesidad de "reestructurar el actual sistema de concesiones vigentes" para dar mayor claridad al sistema.
Las concesiones de las rutas nacionales, explotadas bajo el sistema de peaje a cambio de una serie de inversiones, se realizaron masivamente a principios de los 90, por el gobierno de Carlos Menem, a instancias de un marco regulatorio confeccionado por el ex ministro Roberto Dromi. Pero con el correr del tiempo, muchos de los contratos sufrieron renegociaciones. La última fue durante el gobierno de De la Rúa a partir de un reclamo de las concesionarias del pago de una deuda relacionada con la indexación de los contratos. El planteo había sido rechazado por la Auditoría General de la Nación.
Desde el sector privado, el primero en pronunciarse fue Juan Bautista Ordoñez, del Grupo Roggio, que a través de Covicentro opera la ruta 9 entre Rosario y Córdoba. El ejecutivo se mostró "muy satisfecho" y enfatizó que las declaraciones de De Vido y Lavagna constituyen "un reconocimiento del sistema de peaje como sistema idóneo". A su vez, manifestó su confianza "en lo que expresó el ministro De Vido, respecto a iniciar un nuevo proceso a través de pliegos claros y transparentes".
Covicentro es la encargada de construir la autopista a Córdoba, tal como se estableció en el contrato de la concesión de la ruta , que preveía el fin de esa obra al término de la concesión. Sin embargo, los intendentes del sur de Santa Fe señalaron en abril que el gobierno negociaba con la empresa la extensión de los plazos.
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Lavagna y De Vido dieron una conferencia de prensa. |  | Ampliar Foto |  | |
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La Ciudad
