El Banco Central redujo los encajes para que los bancos salgan a prestar plata

El directorio del Banco Central (BCRA) aprobó ayer un nuevo régimen de los encajes bancarios, que unifica el nivel de exigencia de capitales mínimos para las entidades privadas y públicas en el 8 por ciento con el fin de flexibilizar los requerimientos para el primer sector. La autoridad monetaria apunta a bajar el costo del dinero y así fomentar a los bancos a prestar plata.
De esta manera, el organismo de contralor camina hacia una adecuación de las exigencias al actual contexto internacional, donde en la mayoría de los países los requisitos de capital mínimo para las entidades están en torno al 8%.
La medida, que la autoridad monetaria dará a conocer hoy a través de una circular, no tiene aún fecha de entrada en vigencia, debido a la necesidad de conformar una base de datos, a partir de la cual el Central podrá exigir su cumplimiento.
En un comunicado de prensa, el Banco Central informó que el directorio determinó ayer una exigencia de capital mínimo del 8 por ciento sobre los activos de riesgo de los banco, de acuerdo a los estándares internacionales fijados por el Comité de Basilea. El mismo porcentaje será exigible para las tenencias de títulos y préstamos del sector público.
De esta manera, el Banco Central equipara las exigencias de capital en el 8 por ciento tanto para bancos privados como públicos, ya que el régimen actual establece un nivel del 11 por ciento para el primer caso, y de entre el 1 y 5 por ciento para el segundo.
Por otra parte, la autoridad monetaria determinó "la suspensión de la aplicación de exigencia de capitales incrementales en función de la tasa de interés de los préstamos", pero implementó una exigencia adicional para evitar que los bancos corran el riesgo de descalce entre la inflación y los intereses del mercado.
La entrada en vigencia del nuevo esquema será anunciada oportunamente por la autoridad monetaria, en una fecha no determinada aún, debido a que los bancos deberán suministrarle la información necesaria para conformar una base de datos que haga viable la verificación del cumplimiento por parte de las entidades.