"El domingo 27 de abril, cuando con el Cobem (Comando de Brigadas de Emergencia Municipal) veníamos de hacer evacuaciones en el norte de la ciudad, me dirigí a la zona del hipódromo y observé que había algún ingreso de agua. En forma inmediata alerté a través de la central del Cobem e informé a los superiores, y a la parte técnica de la Municipalidad de Santa Fe", reveló Ricardo Vergara, flamante subsecretario de Emergencias de la provincia, en una referencia que sin dudas reabrirá la polémica sobre las responsabilidades por la tragedia hídrica.
La crisis se desató el martes 29 de abril pasado y llegó a su punto más grave al día siguiente, cuando el agua del Salado cubrió más del 30 por ciento de la ciudad.
Ayer se le preguntó al funcionario qué hizo cuando advirtió casi 72 horas antes del desastre la filtración que después se convertiría en un imparable aluvión. Vergara debutó en su cargo enredado en la misma dificultad que desde el desborde del río mantiene alterado al gobierno: explicar que no hubo previsibilidad posible que permitiera anticipar la catástrofe. Aunque sin demasiada suerte.
Todavía en el despacho del ministro de Gobierno, Carlos Carranza, de quien depende y quien lo puso en funciones anteayer, cayó presa de una contradicción. "El desborde fue de una progresión incontenible y realmente no dio el tiempo suficiente para adoptar las medidas correspondientes", repitió varias veces, aunque también dijo que en la noche del domingo 27 de abril alertó a los responsables técnicos del municipio pero que desconoce qué hicieron.
El nuevo funcionario declinó opinar si de haber sido escuchada su alerta hubiera permitido una evacuación preventiva desde ese domingo a la noche hasta el martes a la noche, cuando cayó el último barrio. "Fueron momentos muy difíciles para tomar decisiones, no se sabía cómo venía el agua y vino muy de golpe en una progresión incontenible, sin dar lugar a tomar medidas directas".
Vergara también sorprendió al relatar que en el hipódromo (donde se rompió la defensa por la que entró el agua) "esa noche estaba el comisario de la seccional 6ª, porque a nosotros también nos habían alertado desde la policía y particulares".
Ante la insistencia periodística sobre el tiempo transcurrido entre la noche del 27 de abril en que el Cobem alertado por particulares y la policía comprobó en la persona de su jefe -Vergara- que la defensa en el hipódromo había comenzado a filtrar y la madrugada del 30 que habría permitido alertar a la ciudadanía para que se pusiera a salvo ante el riesgo inminente, el subsecretario de Emergencia sólo atinó a justificarse. "En realidad, no quisiera abrir opinión al respecto. Fue todo tan difícil y tan espontáneo que cuando lo avistamos no era una situación tan grave. Simplemente lo comunicamos a los técnicos correspondientes y continuamos con nuestras tareas de evacuación de inundados más al norte".
Irregularidades en Obras Públicas
Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Edgardo Berli, debió admitir irregularidades en el área del Registro de Licitadores de su cartera, más concretamente en la documentación que se exige a empresas para poder licitar obras en el Estado, por lo que separó de sus cargos al director Roberto Silvestrini y al segundo responsable, Aldo Laudoni.
"Se ha detectado una irregularidad a través de la Dirección de Auditoría de Control y Gestión, y tiene que ver con el incumplimiento de normas para las empresas cuando se inscriben o cuando revalidan su capacidad de contratación, detectándose anormalidades en sellados, entre otras cuestiones, que perjudican a algunas empresas a favor de otras", dijo.
Berli también reconoció que entre ambos funcionarios y algunas empresas se perjudicaba a otras, iniciando una investigación y una denuncia penal porque se ha comprometido el erario público.
Lo que hoy sale a la superficie son las versiones que desde hace tiempo circula por los pasillos de la Casa Gris y en cercanías de esa cartera sobre que se habría permitido a algunas empresas constructoras participar de licitaciones sin estar habilitados ni contar con las exigencias requeridas. Para algunos la acción del ministro va más allá de esta coyuntura y apunta a detectar sobre la reiteración de estas prácticas que para muchos no es una novedad. Las pruebas fueron remitidas a la Fiscalía de Estado, y en una de ellas está involucrada la firma constructora de Dante Enrietto con un sellado de junio de 2002 con fecha 29 de junio de 1999. Otro caso es la empresa Indag, que aparece con un sellado del nuevo Banco de Santa Fe con fecha del 27 de junio de 2002, cuando la gestión bancaria se inició el 13 de diciembre de 2002.
La Ciudad
