Lima. - Tres estudiantes murieron ayer en la sureña localidad peruana de Puno en enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y manifestantes, pese a la vigencia del estado de emergencia decretado por el gobierno de Alejandro Toledo para aplacar una ola de protestas en demanda de mejoras económicas y sociales. Los muertos tenían heridas de bala. El número de heridos superaría ampliamente los 50, de los cuales 25 ingresaron con heridas de bala, según fuentes sanitarias. Los disturbios se originaron cuando los universitarios, desafiando el estado de emergencia en su segundo día, intentaron tomar la Universidad Nacional del Altiplano en Puno, a 131 kilómetros de Lima. El gobierno sólo reconoció la muerte de un estudiante.
Según denunció el rector de la Universidad Nacional del Altiplano, Juan Bautista, se registraron "excesos" en ambas partes, ya que los militares, con armas de fuego y bombas lacrimógenas, arremetieron contra los estudiantes, quienes intentaban tomar el centro educativo. "La población no puede estar supeditada a estos tratamientos impropios que atentan contra la juventud y la ciudadanía", sentenció Bautista. Según informó Radio Programas en su edición online, en el incidente actuó una "patrulla mixta" del ejército.
Los disturbios se extendieron por varios lugares de Perú como Arequipa, Trujillo, Piura, Chiclayo, Huancayo, Cusco, Huaraz, Tarapoto, Chimbote y Juliaca. Estos choques se produjeron luego de que el gobierno decretó el martes el estado de emergencia por 30 días. En Lima, en cambio, la situación fue de relativa calma durante la jornada aunque la policía debió desalojar frente al Palacio de Justicia a trabajadores judiciales.
"Actuaron con responsabilidad"
El ministro de Defensa, Aurelio Loret de Mola, aseguró que los militares y policía emplearon perdigones durante los enfrentamientos. El funcionario del gobierno de Toledo explicó que las fuerzas del orden "actuaron con responsabilidad" y lograron desbloquear los 64 cortes de ruta ocasionados por los agricultores en huelga. Además agregó que a los manifestantes se les incautaron armas de fuego y cortopunsantes. Pese a que los agricultores peruanos anunciaron que suspendían "temporalmente" la huelga que iniciaron hace tres días y reclamaron la dimisión del ministro de Agricultura, Alvaro Quijandría, cientos de los campesinos mantuvieron su medida de protesta en el interior del país.
La medida de emergencia suspende las garantías individuales, como los derechos de reunión y manifestación, y autoriza practicar detenciones y allanamientos sin orden judicial. Según analistas, sacar a las tropas a las calles tiene riesgos. Los soldados, dotados de arsenal de guerra, no tienen la formación para reprimir a civiles y soportar provocaciones, y pueden por tanto caer más fácil en excesos. El miércoles ya se habían registrado 40 heridos, algunos de bala, y al menos 95 detenidos, dijeron las autoridades.
En la sureña Arequipa -la segunda ciudad más importante de Perú- la policía dispersó con gases lacrimógenos una manifestación de maestros de la enseñanza pública primaria y media, que mantienen su protesta pese a que el gobierno declaró ilegal su huelga y amenazó con despidos. En previsión de más disturbios, vehículos blindados se apostaron en lugares estratégicos, mientras que los militares custodiaban las sedes de los sindicatos.
En la localidad de Barranca -al norte de Lima y donde se registraron los mayores choques del miércoles- los militares se enfrentaron con campesinos hasta la madrugada del jueves y dispersaron a cientos de manifestantes que tiraban piedras. La ciudad de Iquitos, en la selva en el noreste del país, estaba semiparalizada por una huelga de transportistas y se anunciaba una marcha en demanda de mejoras sociales. Situaciones similares se registraban en Tacna, en la frontera con Chile, y en las andinas Huánuco y Cusco.
Huelga ratificada
En Lima, maestros y judiciales ratificaron ayer su huelga en reclamo de aumentos salariales, en desafío al estado de emergencia. En tanto los dirigentes de los agricultores, que reclaman rebajas de impuestos y otras mejoras, y los empleados de la salud, que exigen aumentos salariales, levantaron sus protestas.
Sin embargo se reportó la presencia de agricultores en las protestas protagonizadas en su mayoría por los maestros, que reclaman un aumento equivalente a 60 dólares sobre su salario de casi 200. El gobierno les ofreció 29 dólares. "Lejos de resolver los problemas de los trabajadores, el gobierno optó por el camino del garrote", expresó Nílver López, secretario general del sindicato de los maestros que reúne a 280.000 profesores en el país.
Pese a las protestas, analistas afirman que la situación sólo es coyuntural y que Toledo sabrá librarse de ésta crisis, pues tiene para mostrar buenos resultados macroeconómicos. El estado de emergencia "hace más difícil el escenario, pero no es inmanejable. No creo que el gobierno de Toledo está dando muestras que está perdiendo el control, decir esto me parece que sería una exageración", dijo el analista político Luis Pacheco, profesor de la Universidad Nacional de San Marcos.
La Ciudad
