El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, calificó ayer de "absurda" e "increíble" la decisión de una jueza de Córdoba de prohibir los anticonceptivos y aseguró que la magistrada tomó la resolución "sin tener información científica". En tanto, el diputado nacional Eduardo García, candidato a gobernador de Córdoba por el socialismo, anticipó que pedirá junto a otras organizaciones la remoción a través de un jury de enjuiciamiento de la jueza federal número 3 de Córdoba, Cristina Garzón de Lazcano, quien prohibió la venta y comercialización de anticonceptivos, entre ellos, los llamados dispositivos intrauterinos (DIU).
La resolución es una medida cautelar firmada por la magistrada, la misma que el pasado 11 de febrero ordenó al gobierno que no aplicara en ningún lugar del país la ley nacional de salud reproductiva. Sin embargo, esa vez un tribunal de apelación dio marcha atrás con la disposición de la magistrada.
De este modo, el fallo de Garzón de Lazcano, promovido a instancias de una organización católica, provocó todo tipo de reacciones, la mayoría de ellas de rechazo y repudio a la decisión judicial.
Entre los principales argumentos esgrimidos contra la resolución se encuentran su presunta falta de rigor científico, la supuesta afectación de derechos de la mujer -consagrados con rango constitucional en algunos casos- y su coincidencia con las posiciones más "extremistas" de la Iglesia Católica.
En un fallo conocido anteayer, Garzón de Lazcano ordenó prohibir la fabricación y comercialización en todo el país de anticonceptivos, en una resolución sin precedentes en la que implicó también a todas las drogas que contengan hormonas consideradas abortivas y a los dispositivos intrauterinos, conocidos popularmente como DIU, es decir, casi el 97 por ciento de los productos de estas características que existen en el mercado.
La demanda fue presentada por una organización católica con sede en Córdoba, llamada Fundación 25 de Marzo, cuyo titular es el sacerdote y abogado Fernando Altamira, quien explicó que la entidad promueve la defensa de "la sana moral y el derecho natural y la vida desde la concepción, contra cualquier práctica abortiva". El fin último de la entidad es lograr la destrucción de todos los fármacos y dispositivos considerados abortivos.
La jueza ya había mantenido un fuerte contrapunto con el gobierno nacional cuando, el 11 de febrero pasado, ordenó suspender en todo el país la aplicación de la ley de salud reproductiva, decisión que luego fue revocada por la Cámara Federal de Córdoba.
Una "bomba sanitaria"
El ministro González García, quien admitió que no sabía "qué adjetivo usar para no caer en la brutalidad" para referirse al fallo, explicó también que los estrógenos (que se encuentran en los anticonceptivos y cuya venta también prohibió la jueza) son utilizados con fines diversos.
Explicó que "las drogas que figuran en el fallo son estrógenos, que son lo que producen los ovarios, que no sólo se usan como anticonceptivos sino que para muchas otras patologías, como infertilidad. Esas drogas son utilizadas por 2,5 millones de argentinas y sacarles el medicamento sería una catástrofe sanitaria", advirtió el ministro, quien continuará en el cargo tras la asunción este domingo de Néstor Kirchner como presidente.
"Se toman medidas increíbles por pedido de asociaciones extremistas religiosas, porque estamos a favor de todas las religiones pero estamos en contra de cualquier tipo de extremismo, sobre todo cuando el extremismo genera esto, que es una especie de bomba sanitaria", opinó el ministro.
El ministro adelantó que desde el gobierno va a "a recusar" a la jueza federal y a "apelar, con todo y por todos los medios" la medida. También cargó duramente contra la magistrada, a la que acusó de "querer volver al siglo XII o XIII" y calificó la medida cautelar de "locura".
"No se puede perder energía social en este tipo de operaciones a través de la Justicia, y no pueden involucrar a la sociedad en cuestiones religiosas", dijo González García, y comparó la medida con que por una presentación de los "los Testigos de Jehová se prohíba la transfusiones sanguíneas" en el país.
Pedirán la remoción
En tanto, el diputado nacional Eduardo García, candidato a gobernador de Córdoba por el socialismo, anunció que pedirá la remoción de Garzón de Lazcano, por violar derechos constitucionales de la mujer. "Una vez más la señora jueza vulnera derechos constitucionales consagrados a favor de la mujer", indicó García, al tiempo que sostuvo que "existen causales más que suficientes para solicitar ante el Consejo de la Magistratura, la remoción por mal desempeño de la jueza, de acuerdo a lo que establecen los artículos 53 y 115 de la Constitución Nacional". En declaraciones a LV-Radio Córdoba, García admitió que está "viendo la posibilidad del jury de enjuiciamiento porque creo que la jueza está más relacionada a una concepción moral parcial que al rigor de la ley".
"Entonces me parece que no está en condiciones de ejercer su función, porque abarca al conjunto de los argentinos", razonó el diputado nacional y candidato a gobernador con vistas a las elecciones convocadas para el 8 de junio.
García explicó que los antecedentes del caso "alcanzan para hacer el inicio del jury de enjuiciamiento, que tiene todo un proceso que debe cumplirse para poder llegar a la remoción".
También la secretaria de Desarrollo Social del gobierno porteño, Gabriela González Gass, cuestionó la decisión judicial y consideró que es "inconstitucional, de contenido claramente fundamentalista y además ignorante, ya que está ampliamente probado que los métodos anticonceptivos que la jueza intenta prohibir no son abortivos. Parece que todavía hay gente que prefiere desconocer la realidad y ocultar que con este tipo de medidas lo único que se hace es generar más embarazos no deseados, más abortos clandestinos y, en definitiva, perjudicar a aquellas mujeres y familias de menos recursos", opinó la funcionaria.
Además, distintas organizaciones (desde defensoras de los derechos de la mujer hasta sociedades científicas y académicas) realizaron marchas y expresaron públicamente su repudio a la decisión judicial.
También el ministro cordobés de Salud, Roberto Chuit, aludió al caso, al reconocer que en su cartera se analiza el fallo de Garzón de Lazcano pero que "en principio" no debería afectar los programas de salud reproductiva amparados por la ley provincial.
Advirtió Chuit que hay que tomar en cuenta que la oposición al uso de anticonceptivos "es una postura de una parte de la sociedad, en función de creencias religiosas, que otros grupos sociales pueden compartir o no".
Asimismo, el dictamen provocó la inmediata reacción en contra de distintas entidades, como organizaciones barriales y agrupaciones de derechos humanos. (DyN)
La Ciudad
