El presidente Eduardo Duhalde dijo ayer que espera que los indultos que firmó anteayer en beneficio de los responsables al ataque a La Tablada y del alzamiento carapintada de 1990 contribuyan a "recrear un clima de paz social y reconciliación" en la "comunidad argentina". Además, apostó a que el ex jefe guerrillero Enrique Gorriarán Merlo y el ex líder carapintada Mohamed Alí Seineldín se "reintegren a la vida en libertad en condiciones de normalidad".
Duhalde rubricó tres decretos mediante los cuales indultó a 17 militantes del Movimiento Todos por la Patria (MTP) que en 1989 y bajo el comando de Gorriarán tomaron por asalto el Regimiento de Infantería Mecanizada de La Tablada, y a 8 carapintadas que, liderados por Seineldín, se sublevaron en 1990 contra el gobierno del entonces presidente Carlos Menem.
Luego de asegurar que firmó los decretos por "convicción y no por política", sostuvo que si hubiera tenido tiempo de iniciar un nuevo gobierno le "habría gustado indultar a todos los presos políticos" del país.
"Entiendo que hablar de guerrilleros en Argentina o de militares insubordinados al poder civil es parte de un pasado que tenemos que sepultar. Estoy convencido de ello", reafirmó Duhalde al defender una vez más el polémica iniciativa que despertó la crítica de muchos sectores. Paralelamente, ayer se conoció la nómica completa de los beneficiados por el perdón presidencial:
* Por el ataque a La Tablada: Gorriarán Merlo, Roberto Felicetti (ambos cumplían prisión perpetua), Claudia Acosta, Miguel Aguirre, Luis Díaz, Isabel Fernández, Gustavo Mesutti, José Moreyra, Carlos Motto, Sergio Paz, Luis Ramos, Sebastián Ramos, Claudio Rodríguez, Claudio Veiga, Juan Antonio Puigjané (religioso), Ana María Sívori (ex esposa de Gorriarán) y Dora Molina. Salvo los tres primeros, los restantes ya habían recuperado la libertad por haber obtenido una conmutación de penas.
* Por el alzamiento carapintada: Seineldín, Luis Baraldini, Oscar Vega, Pedro Mercado, Osvaldo Tívere, Hugo Abete, Rubén Enrique Fernández y Miguel Segovia. Estos ocho son los últimos que quedaban detenidos por la sublevación, aunque dos ellos -Abete y Tívere- gozaban de libertad condicional.
Duhalde justificó su "controvertida" decisión (como él mismo la definió) en que "las circunstancias históricas por las que atraviesa la República exigen consolidar la unidad" y "restañar viejas heridas, enfrentando la realidad con la perspectiva de un futuro donde la reconciliación es condición necesaria para la paz".
También adujo "razones humanitarias" y "el respecto por la dignidad de las personas" que "constituyen deberes fundamentales a cuyo cumplimiento la República está obligada por la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos".
Respecto de Gorriarán y Seineldín, el presidente sostuvo que informes penitenciarios indicaron que en ambos "ha operado el efecto (de rehabilitación), con el período de encierro sufrido, existiendo elementos de convicción que permiten avizorar que su reintegro a la vida en libertad lo será en condiciones de normalidad social".
También dijo haber utilizado "criterios de generosidad política" para propiciar la paz, lo que "no significa desconocer la real existencia de hechos que pretendieron vulnerar el orden constitucional".
Por su parte, el ex presidente Raúl Alfonsín afirmó ayer que "racionalmente" se opone a los indultos, aunque "emocionalmente" tiene una "sensación ambigua" porque Gorriarán, quien "le hizo un daño tremendo" a su gobierno, es "un hombre muy enfermo".
Al referirse a Seineldín, Alfonsín consideró que el ex coronel, a pesar de "haber encabezado el último alzamiento carapintada contra la democracia" es "un hombre que tiene suficiente edad para no ser un peligro" para la sociedad.
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La Ciudad
