Decenas de contribuyentes morosos están bajo la mira del juez y los detectives que investigan un fabuloso fraude contra la Administración Provincial de Impuestos (API), maniobra en la que estarían implicados los seis funcionarios y empleados del organismo y un gestor detenidos el martes como resultado de una pesquisa que comenzó a fines del año pasado. Los investigadores intentan determinar ahora quiénes son las personas que aceptaron pagar coimas a cambio de que los operadores infieles del API dieran por cancelada sus deudas, y para eso están rastreando la baja de los juicios de apremio realizadas por lo menos en los últimos seis meses.
Luego de las detenciones del martes, los efectivos de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) de la policía siguieron realizando distintos procedimientos ordenados por el juez de Instrucción Carlos Alberto Triglia. Ayer allanaron tres estudios jurídico-contables pertenecientes a ejecutores y ex ejecutores fiscales. Buscaban comprobantes de la cancelación de deudas supuestamente concretadas por los contribuyentes morosos en decenas de operaciones realizadas el último semestre, pero no encontraron nada. Para los investigadores, es "otro indicio" sobre la existencia de las maniobras fraudulentas ya que la ausencia de comprobantes prueba la inexistencia de los pagos al fisco.
Pero la búsqueda apunta ahora a los cómplices de estas maniobras, es decir los deudores que en lugar de pagar sus impuestos, oblaron coimas a los operadores que participaban del fraude. Aunque todavía no están en condiciones de pasar en limpio esta nómina, ya tendrían identificados a algunos contribuyentes cuya situación podría comprometerse seriamente en la medida que las pesquisas avancen.
Entre los contribuyentes que muy pronto pasarían a convertirse en sospechosos habría empresas y personas que debían cifras importantes al fisco provincial en materia de impuestos atrasados. Un ejemplo es un establecimiento rural ubicado al sur de la provincia, en la zona de Venado Tuerto, que tenía una deuda superior a los 30.000 pesos y que en los registros del API figura como cancelada. Los detectives creen que arreglaron su situación pagando una cifra inferior a los 5.000 pesos que no fueron a parar a las arcas del Estado sino al bolsillo de los gestores de este blanqueo.
Aunque la investigación recién está arrojando sus primeros resultados, los sabuesos parecen tener claro que el fraude fue posible debido a la falta de controles por parte del API y también a la vulnerabilidad de su sistema informático. Según una fuente consultada, la situación en el organismo es poco menos que "caótica" y esto allana el camino para que se produzcan todo tipo de irregularidades. El vocero lo definió con elocuencia: "Ahí funcionan cualquier cantidad de quioscos y podría haber más gente implicada".
Los allanamientos realizados ayer fueron en pleno centro, en los estudios de un escribano y tres abogados ubicados en Corrientes al 600 y al 800. Anoche no se descartaban más procedimientos y estaba pendiente de resolución el caso de un empleado del API Rosario que iba a ser detenido el martes, cuando se produjo el fallecimiento de su esposa.
Los siete funcionarios y empleados detenidos, entre ellos la jefa de la delegación San Lorenzo y un gestor de Venado Tuerto, serán indagados esta mañana por el juez Triglia. Lo harán bajo la acusación de cobrar coimas y de fraude contra la administración pública.
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La Ciudad
