Santa Fe.- El juez de menores Julio César Rogiano, detenido bajo la acusación de cohecho agravado, presentó ayer su renuncia al cargo. En caso de ser aceptada en las próximas horas, la dimisión del magistrado evitará la formación de un jury de enjuiciamiento que podría resolver su destitución. El texto de renuncia del titular del juzgado de menores de la capital santafesina era considerado anoche por el Poder Ejecutivo, y en caso de ser aceptada dejará sin efecto el trámite que iba a iniciar el Tribunal de Enjuiciamiento para resolver la apertura del jury solicitado contra Rogiano por el juez de instrucción Diego de la Torre.
Rogiano fue suspendido en su cargo por la Corte Suprema de Justicia de la provincia la semana que pasó, luego de ser detenido el 8 de mayo último durante un operativo realizado por agentes de la División de Asuntos Internos de la policía provincial.
Sumario administrativo
En su poder fue hallada una suma de dinero previamente marcada que el magistrado habría requerido a los familiares de un joven detenido a su disposición a cambio de otorgarle la libertad. Al mismo tiempo la Corte ordenó la instrucción, en un plazo de 15 días, de un sumario administrativo cuya sustanciación está a cargo del fiscal de cámaras Arealdo Bertoldi.
A raíz de la renuncia de Rogiano, según pudo saber este diario, anoche fue suspendida la reunión del Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados, integrado por los seis ministros de la Corte santafesina, legisladores de ambas cámaras legislativas y representantes de los Colegios de Abogados, que estaba citada para hoy a las 10 en el Salón de Acuerdos ubicado en el primer piso de la sede de los tribunales de la capital provincial, para analizar el pedido de enjuiciamiento solicitado por el juez De la Torre.
La dimisión de Rogiano, en caso de ser aceptada por el gobernador -como se descontaba anoche en fuentes gubernamentales- cancelará definitivamente el trámite de enjuiciamiento, sin perjuicio de la prosecución de la causa penal que se le inició al magistrado de menores.
En cambio si la renuncia de Rogiano es rechazada por el Poder Ejecutivo el magistrado podría ser sometido al procedimiento de juicio político y destituido en caso de que se compruebe la comisión de actos previstos en la ley como delitos dolosos, incumplimiento reiterado de las obligaciones del cargo de juez u otras causales contempladas en la ley provincial 7.050, que contiene las normas para el enjuiciamiento de jueces.