En Entre Ríos, las clases empezaron pero no para todos

Una jueza ordenó esta semana volver a las aulas. La medida generó nuevas diferencias en el conflicto

Mónica Borgogno

En Entre Ríos, un total de 332.112 alumnos hace más de 45 días que no tienen clases, nunca las comenzaron, ni siquiera terminaron con los recuperatorios y exámenes correspondientes al ciclo lectivo 2002. Recién ahora, a través de lo resuelto por la jueza Susana Medina de Rizzo a raíz de la presentación ante la Defensoría de Pobres y Menores que hizo un grupo de padres, los alumnos del departamento Paraná empezaron a recuperar saberes y la semana próxima comenzarán con la ronda de exámenes pendientes. Medida que se está reproduciendo en otras localidades como Federación y Rosario del Tala, con el fin de garantizar igual acceso a la educación. Pero lejos de asegurar tal derecho, la situación derivó en que se amplíen las diferencias y que, en lo inmediato, la igualdad de oportunidades se vea inalcanzable, tanto para los niños sin clases como para los docentes sin cobrar. Sólo las escuelas particulares con cuotas altas dictan clases, mientras que las privadas de gestión pública (como las parroquiales de barrios humildes) de Paraná, se rigen igual que las estatales.
Un Consejo General de Educación sin presidente con decisión política a cargo, desde hace dos meses, y la no participación del gobierno en la audiencia de conciliación pautada por el Ministerio de Trabajo de la Nación, rebalsaron los ánimos. Por otra parte, la judicialización del conflicto puso más aún en evidencia la falta de políticas educativas serias y la necesaria contención para los sectores más castigados de la provincia. En efecto, un fallo sin garantía de pago de haberes de parte del gobierno así como de partidas para que todas las escuelas -en esta semana se asignaron 10.000 pesos únicamente a las instituciones paranaenses- puedan funcionar, no sirve. Sin haberes los docentes se hallan imposibilitados, por ejemplo, de costearse los dos micros que en muchos casos tienen que abordar para llegar a la escuela o el traslado hacia otras ciudades para dar clases.
En la actualidad, los cerca de 41 mil docentes entrerrianos esperan un cronograma de pagos para sus escuálidos haberes de marzo y abril, más lo correspondiente a las asignaciones familiares y aguinaldo adeudado. Ningún voluntarismo puede hoy resolver el dilema. Hace falta otra cosa. El contexto de establecimientos sin partidas para cubrir necesidades básicas como higiene y seguridad, sumado a semejante masa de deuda salarial hace imposible cumplir tanto con el derecho de educar como el de ser educados.
La deuda acumulada con el sector asciende a 64 millones de pesos. Pero las cifras son más reveladoras cuando resuenan en el dato del sueldo básico de un maestro de primaria que es de 204 pesos, uno de los más bajos de todo el país, según aseguran fuentes gremiales. A ello se agrega un 40% más (en conceptos de perfeccionamiento, productividad, traslado, entre otros) pero que se paga en negro, sin considerarse aportes sociales. Mientras que, la hora cátedra de un profesor de nivel medio en Entre Ríos es de 13 pesos. Por ejemplo, Margarita Ferreira, directora de la escuela pública Nuestra Señora de Guadalupe del barrio La Floresta, de Paraná, tiene 20 años de antigüedad en el cargo. Su sueldo básico es de 353 pesos más otros 283 correspondiente a sus años de servicio.
Unico ingreso
De una investigación realizada el año pasado por docentes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) se desprende el dato de que 8 de cada 10 docentes entrerrianos son mujeres y el 64 % de los docentes es jefe de hogar, siendo su sueldo el único ingreso. En la mitad de esos hogares de ingreso único promedio de 300 pesos, viven entre cuatro y cinco personas, mientras que la cifra de maestros que dejaron de pagar cuentas para privilegiar gastos básicos de alimentación asciende al 44 %; y el 42 % tuvo que reducir tales gastos básicos. Vale recordar acá el resonado caso de la maestra paranaense María Inés Pacheco, único ingreso de una familia de seis hijos, cinco de los cuales padecen distintos grados de desnutrición.
No se trata entonces de un problema sectorial. Como bien señaló el Ombudsman nacional, Eduardo Mondino, quien interviene en el conflicto, esta crisis trasciende lo educativo, y genera "preocupantes situaciones personales, familiares y sociales, donde la comunidad toda se ve afectada por esta situación".
Entre las no respuestas obtenidas de parte del gobierno la más grave fue la no presentación a la audiencia de conciliación que debía efectivizarse el lunes pasado. Si bien off de record siempre fue conocida la opinión del gobernador radical Sergio Montiel, esta semana la hizo pública a través de una solicitada. Ahí expresó que la deuda alcanza a otros sectores como el de la Salud, Seguridad, Justicia y Administración central, y que "sin embargo todos estos servicios se prestan con normalidad". En su alegato, el gobernador remonta la problemática a un viejo argumento, el de "la herencia recibida", en referencia a la transferencias de escuelas nacionales a las provincias. Desde el Ejecutivo provincial la sordera no es metáfora; desde allí se insiste con que "durante la presente gestión se privilegió a la Educación de manera permanente".
Por estos días la ministra de Educación de la Nación, Graciela Giannettasio, le salió al cruce y alertó que Entre Ríos "recibió anticipos en dos oportunidades" de parte de la administración nacional, "uno el año pasado y el otro en febrero último", a pesar de lo cual el conflicto no tiene visos de solución.